El número de plazas en residencias para personas mayores en España ha descendido drásticamente hasta las 395.065 en 2024, marcando una disminución de 3.510 plazas respecto al año anterior. Este descenso es alarmante, pues es la primera vez en una década que se registra una caída interanual, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Lo más preocupante es que el déficit de plazas en estas residencias no para de aumentar, especialmente tras la pandemia. En los años posteriores (2021, 2022 y 2023), a pesar de que se han sumado 6.031 nuevas plazas, la población mayor de 65 años ha crecido en más de 600.000 personas.

El informe revela que para alcanzar un ratio aceptable de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, harían falta 89.324 plazas adicionales. Esta situación es aún más crítica para la atención de personas con Dependencia Severa o Grandes Dependientes, donde se estima que se requieren al menos 35.000 plazas.

En estos momentos, se encuentran en lista de espera 34.622 personas con Grado II y 17.420 con Grado III, además de 65.602 que aún esperan valoración, lo que eleva la cifra total de personas en espera a un alarmante 133.376. De ellas, aproximadamente el 35% de los solicitantes de Grado III y un 22% de Grado II demandan acceso a servicios residenciales en plazas públicas o concertadas.

El informe realizado por Imserso ha puesto de manifiesto un “retroceso” en el sector residencial en 2023, tanto en el número total de plazas como en el índice de cobertura, que ha alcanzado el nivel más bajo desde 2010. Con una ocupación total del 84,1%, esto significa que 332.431 personas actualmente residen en estas instalaciones, mientras que miles esperan ser atendidas.

Analizando por comunidades autónomas, Andalucía y la Comunidad Valenciana destacan como las que presentan mayor déficit, con 35.857 y 24.801 plazas faltantes, respectivamente. Juntas, estas dos comunidades constituyen más de las tres cuartas partes del déficit nacional. Curiosamente, en seis comunidades hay un exceso de plazas, siendo Castilla y León la que más resalta con 17.234.

A favor de la financiación pública, hay que destacar que 7 de cada 10 plazas son financiadas por el estado, lo que representa un total de 275.094 plazas en comparación con 119.971 totalmente privadas. Sin embargo, desde 2015, el aumento en el número de plazas públicas ha sido ligero, alcanzando 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

El Ministerio de Derechos Sociales propuso en 2023 una estrategia de desinstitucionalización, buscando que las personas en situación de dependencia permanezcan en sus hogares, lo que teóricamente reduciría la necesidad de plazas residenciales. Sin embargo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lamenta la falta de avances significativos en esta dirección y el mantenimiento de un escaso servicio de atención domiciliaria.

Más alarmante aún, señalan que el número de horas de atención que reciben las personas mayores solo ha alcanzado las 21,1 horas mensuales, la misma cifra que se registró en 2012, lo que subraya la falta de progresos en la mejora de la calidad de vida de este sector.

Las asociaciones piden una revisión del censo de centros residenciales para 2024 y sugieren la implementación de ratios más ajustadas a la realidad demográfica actual, ya que, normalmente, la media de edad en residencias supera los 85 años.

En resumen, la situación de las residencias para mayores en España es crítica y requiere acciones decisivas para asegurar que todos los ancianos reciban la atención que merecen, en un contexto donde las promesas políticas no pueden reemplazar un desarrollo estratégico y medido en la planificación de dichos servicios.