Este miércoles, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) llevará a cabo una diligencia sorprendente: copiarán el contenido íntegro de uno de los teléfonos móviles de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Esta acción se realiza en el contexto de una investigación por un delito de revelación de secretos, que ha surgido tras la polémica filtración que involucra al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, tomó la decisión el martes de autorizar que la UCO obtenga una copia de trabajo completa del volcado de información de un teléfono SAMSUNG, modelo A54 5G, perteneciente a García Ortiz, programando dicha diligencia para el 22 de enero de 2025. La autorización va acompañada de una orden para analizar las aplicaciones de mensajería instantánea, con el objetivo de acceder a comunicaciones relevantes correspondientes a entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.

Es importante mencionar que García Ortiz recientemente borró su teléfono móvil y entregó a la UCO un dispositivo nuevo, lo que añade un toque de misterio a la situación. Además, el magistrado también envió solicitudes a los proveedores de servicios Whatsapp LLC y Google, requiriendo información crucial sobre las comunicaciones de García Ortiz, incluyendo mensajes, registros y copias de seguridad de sus aplicaciones.

La inquietud en torno a esta investigación crece, ya que se espera que los resultados de esta copia revelen información sensible que podría involucrar a figuras de alto perfil en el ámbito político. La UCO ahora tiene luz verde para conectar y explorar repositorios de información donde podrían estar almacenados datos importantes.

No es la primera vez que el fiscal general del Estado se ve envuelto en controversias. Este caso ha generado una gran atención mediática no solo por las implicaciones legales, sino también por las posibles repercusiones políticas que podrían derivarse de los hallazgos. La decisión del tribunal ha sido considerada como un paso necesario para garantizar la transparencia y la justicia en este delicado asunto.

Con el avance de la tecnología y el aumento de la vigilancia digital, el resultado de esta diligencia podría sentar un precedente sobre cómo se manejan los datos personales de figuras públicas. Se espera que este caso mantenga a la sociedad en vilo mientras se desarrollan los acontecimientos en el horizonte judicial.