El Gobierno español ha mostrado recientemente una apertura inesperada hacia Junts, al declarar su disposición a desclasificar informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con los atentados yihadistas que sacudieron Barcelona y Cambrils en 2017. Este gesto se produce en un momento clave, ya que el partido de Carles Puigdemont ha estado infligiendo derrotas al Ejecutivo al aliarse con el PP y Vox en varias votaciones.

A medida que se acercan las negociaciones para garantizar la mayoría en la aprobación de los Presupuestos de 2025, el PSOE busca reparar su relación con Junts. La desclasificación de estos documentos se había convertido en una de las piedras angulares en las conversaciones entre ambas partes, ya que Junts había exigido dicha medida en pos de la estabilidad presupuestaria del país.

Este jueves, la comisión de investigación parlamentaria, que se formó a inicios de la legislatura pero aún no ha comenzado su trabajo efectivo, reanudará sus actividades. Se espera que se discuta un plan de trabajo que contemple la comparecencia de figuras claves en relación con los ataques perpetrados el 17 de agosto de 2017.

Aunque el PSOE había desestimado la desclasificación hace unos meses, sugiriendo que solo algún miembro del CNI podría comparecer bajo secreto, la presión de Junts parece estar dando frutos. Sin embargo, lo que hace esta solicitud aún más intrigante es que, a pesar de que los atentados de 2017 ya tienen una sentencia judicial firme que declara a la célula terrorista responsable, aún persisten teorías de conspiración que cuestionan la verdad detrás de los eventos.

Los ataques, que resultaron en 16 muertes y más de 300 heridos, fueron orquestados por una célula liderada por el imán de Ripoll, Abdelbaky Es Satty. Sin embargo, algunos exdirigentes de Junts han levantado suspicacias sobre la muerte de Es Satty, sugiriendo que podría haber ocurrido una manipulación de la información. Además, se han mencionado sus interacciones con fuerzas policiales, lo que ha alimentado aún más estas teorías.

Es importante recordar que los atentados fueron un momento trágico que dejó huellas profundas en la sociedad española, y la manera en que el Gobierno maneja ahora la información relacionada podría tener un impacto significativo en el clima político y social actual. Esta controversia invita a la pregunta: ¿qué más podría revelar la documentación del CNI que conserva secretos sobre los hechos ocurridos hace más de seis años?