"Es momento de concentrar todos nuestros esfuerzos en apoyar a las víctimas y en resolver las necesidades de los ciudadanos afectados". La situación crítica en Valencia ha llevado a la Plataforma No a la Inseguridad Ciudadana, que agrupa a más de 30 sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, a cancelar la manifestación que estaba programada para el 6 de noviembre frente al Congreso de los Diputados.

Los agentes han advertido al Gobierno sobre la "necesidad urgente de movilizar todos los recursos, tanto humanos como materiales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España, para que puedan intervenir eficazmente en las áreas afectadas y abordar los problemas graves de los ciudadanos". Es importante recordar que ha habido numerosas denuncias por parte de los policías nacionales y guardias civiles sobre la falta de acción del gobierno y el rechazo de Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior, a permitir que actuaran en las zonas de crisis.

A pesar de esto, desde la plataforma subrayan que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana representa un "ataque directo a la seguridad de los ciudadanos en las calles". Además, consideran que esta reforma es un "golpe" tanto a las fuerzas del orden como a la seguridad pública misma, ya que los agentes perderían herramientas cruciales para desempeñar su trabajo adecuadamente. Aseguran que acciones en contra de esta derogación se reanudarán tan pronto como sea posible.

Escenarios de preocupación

La manifestación que se había planeado específicamente para este miércoles buscaba expresar el descontento entre los agentes por la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, decisión tomada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido EH Bildu. Esta reforma se produce en un contexto alarmante, donde los efectivos se sienten "desmotivados y debilitados" ante un aumento de la violencia y un evidente deterioro del principio de autoridad. Esta situación, advierten, ha derivado en un preocupante aumento de las agresiones hacia los cuerpos de seguridad y una peligrosa judicialización de su labor, evidenciando una falta total de respaldo gubernamental.

Además, los representantes policiales critican que el Gobierno desatienda las reivindicaciones históricas en materia salarial, equiparación con las policías autonómicas, condiciones de jubilación y dietas, entre otras. A su juicio, las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana "afectarán negativamente la eficacia policial, dejando desprotegida a la sociedad". Añaden que estas modificaciones van en dirección opuesta a las verdaderas necesidades de las fuerzas de seguridad para enfrentar desafíos actuales como la delincuencia violenta, bandas juveniles, mafias internacionales y cibercriminalidad.

Desafíos en la respuesta gubernamental

Después de varios días de desacuerdos y rechazos por parte del Ministerio de Interior, finalmente los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil lograron desplegar recursos en la zona más afectada de Valencia. Este avance se debió, en gran parte, a la presión ejercida por los propios agentes, quienes denunciaron la falta de acción del ministro Marlaska: "No se pueden poner límites en una situación de emergencia de esta magnitud. Los recursos deben ser utilizados y movilizados inmediatamente". Solicitaron al ministro que se centrara en la actuación en lugar de en las polémicas sobre "competencias".

Los policías nacionales también han manifestado su descontento ante la "grave falta de organización en la gestión de esta emergencia provocada por la DANA" (Depresión Aislada en Niveles Altos), afirmando que la inacción y la descoordinación son tan evidentes que parece que no saben cómo abordar la situación. Expresaron: "Es inaceptable que en una crisis tan severa, la burocracia y la falta de liderazgo obstaculicen los esfuerzos de quienes están dispuestos a ayudar".