El Tribunal de Cuentas ha señalado a varios ayuntamientos, incluyendo Murcia y Cartagena, para que prioricen la concesión de subvenciones sociales a través de procesos de concurrencia competitiva. Este llamado a la acción se produce tras el descubrimiento de irregularidades en la gestión de ayudas sociales, limitando la concesión directa solo a aquellos casos con justificaciones claras. Esta evaluación se llevó a cabo tras fiscalizar las ayudas entregadas en 2021 en ciudades como Albacete, Badajoz, Cartagena, Logroño, Murcia y Santander.

La crisis económica provocada por la pandemia ha generado un aumento significativo en las necesidades de muchos ciudadanos, quienes han tenido que recurrir a estas ayudas sociales, tal como expone el informe de Europa Press. Durante 2021, las ayudas destinadas a estas circunstancias alcanzaron los 20,4 millones de euros, beneficiando a más de 13.000 personas en situaciones de vulnerabilidad extrema y 626 organizaciones sin fines de lucro.

Desglosando las cifras, el Consistorio de Murcia fue el que más aportó, con 9 millones de euros; seguido por Logroño con 3,4 millones; y tanto Cartagena como Santander con 2,5 millones cada uno, mientras que Albacete y Badajoz asignaron 1,4 millones.

El propósito de estas ayudas es fomentar programas de servicios sociales dirigidos a grupos en riesgo de exclusión social, como ancianos, personas con discapacidad, inmigrantes y grupos minoritarios.

Sin embargo, la mayoría de estos ayuntamientos, salvo Albacete, optaron por la concesión directa de subvenciones en lugar de seguir el procedimiento habitual de concurrencia competitiva, que asegura los principios de publicidad, transparencia y equidad, según el informe.

Entre las irregularidades destacadas se encuentra la falta de criterios claros para valorar las solicitudes y la inadecuada justificación de las puntuaciones en las actas de las comisiones evaluadoras. Ante esto, el Tribunal de Cuentas insta a los ayuntamientos a definir claramente los requisitos para los solicitantes y a documentar adecuadamente las evaluaciones realizadas.

En 2021, todos los municipios, excepto Badajoz, contaron con un plan estratégico para subvenciones, pero se encontró que carecían de manuales internos que regularan su gestión y control, lo que llevó al tribunal a aconsejar la creación de guías para estandarizar estos procedimientos y garantizar transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Este escándalo pone de manifiesto la urgencia de reformar los procesos de concesión de ayudas para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan, y destaca la responsabilidad de los ayuntamientos en la gestión de estas ayudas vitales.