El escándalo ha estallado en el mundo político español. Alvise Pérez, fundador del Madeira Invest Club (MIC), cuya oficina de inversión cerró de manera repentina la semana pasada, ha sido implicado en una serie de acusaciones tras confesar que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas durante su campaña para las elecciones europeas. Esta sorprendente declaración ha sido dirigida a la Fiscalía General del Estado y ha levantado una ola de especulaciones sobre la integridad de los fondos de campaña.

Álvaro Romillo, conocido como 'Luis Cryptospain' en redes sociales y creador de MIC, ha presentado documentación al Ministerio Público que respalda su afirmación: el pago fue recibido en mano por Alvise en las oficinas de Sentinel BQ en Madrid el 27 de mayo, días previos a las elecciones donde su partido, Se Acabó la Fiesta (SALF), obtuvo más de 800.000 votos.

Romillo ha entregado un extenso arsenal de pruebas que incluye mensajes de texto entre él y Alvise, en los que se confirma que el eurodiputado había discutido la necesidad de fondos no controlados por el Tribunal de Cuentas para financiar su campaña. La entrega del dinero se realizó en un entorno clandestino, lo que ha elevado las alertas sobre la actividad de la empresa, que proporcionaba cajas de seguridad y transacciones bajo un manto de confidencialidad, evadiendo los controles fiscales.

A medida que se desentraña el caso, se revela que Alvise tenía como objetivo recaudar entre 300.000 y 360.000 euros, declarando en mensajes que estos fondos eran urgentes para cubrir gastos de promoción y publicidad. Incluso mencionó la necesidad de obtener financiamiento para cumplir con sus promesas electorales, tales como la renuncia a su salario como eurodiputado.

Con la intención de movilizar la economía digital, Romillo rápidamente lanzó cuatro wallets de criptomonedas para facilitar donaciones a Alvise, quien en aquel momento contaba con una audiencia masiva en Telegram. Sin embargo, la recaudación no fue suficiente y la presión aumentaba, llevando a la situación culminante con la entrega del efectivo.

Ampliando el contexto, la relación entre Pérez y Romillo empezó a gestarse en marzo de este año. Durante el mismo periodo, se desataba una polémica en torno a la transparencia y la legalidad de las funding methods utilizados, especialmente en un contexto donde la Ley de Financiación de Partidos prohíbe las donaciones anónimas y limita considerablemente las cantidades permitidas.

El desplome del Madeira Invest Club, que ofrecía exorbitantes rendimientos y cuyo cierre intempestivo dejó a cientos de inversores en la estacada, ha puesto en jaque a la comunidad de criptomonedas en España y ha suscitado investigaciones más profundas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió un alerta, asegurando que el club no contaba con la autorización necesaria para operar, lo que abre la puerta a múltiples denuncias por estafa y otros delitos financieros.

En medio de todo este entramado, Álvaro Romillo se ha ofrecido a liquidar sus bienes para compensar a los afectados, lo que podría minimizar las repercusiones del colapso del club. Sin embargo, la incertidumbre persiste y el futuro de Alvise Pérez en la política queda en la cuerda floja mientras la Fiscalía profundiza en esta asombrosa trama de corrupción y posibles delitos financieros.