Los hechos ocurrieron en 2021, cuando una joven decidió romper el silencio y denunciar a su exnovio por ejercer un control psicológico extremo sobre ella. El juez admitió que el condenado la manipulaba constantemente, responsabilizándola por sus propios problemas y amenazando con suicidarse si no atendía sus llamados. De acuerdo con los informes, una vez, la víctima recibió alarmantes 112 llamadas en solo 32 minutos durante el verano de 2020, una clara señal de acoso.

En un intento por evitar ser descubierto, el acusado usó un número privado para comunicarse con su pareja. Cuando ella confrontó al hombre, él reaccionó de manera violenta, disparándole insultos que socavaban su dignidad. Los problemas no se limitaban al ámbito emocional: un episodio en 2017 resalta la gravedad del caso, donde el acusado, tras una negativa de la víctima de visitar a un familiar, descontroló el automóvil y estrelló el vehículo contra el quitamiedos, poniendo en peligro sus vidas.

En el juicio, la sobreviviente presentó signos de una grave afectación psicológica, incluyendo un desorden de estrés postraumático, confirmando la magnitud del trauma que había sufrido. El tribunal dictó una condena de dos años y diez meses de prisión al hombre, un fallo que debería haberle hecho reflexionar, pero la defensa reclamó que no existía 'habitualidad' en el maltrato y que sus acciones no se habían llevado a cabo en presencia de menores o con armas.

La defensa argumentó que el comportamiento del condenado había sido malinterpretado, exigiendo una revisión de la pena. Finalmente, el comportamiento coercitivo del condenado fue calificado como delito de coacción, aunque se le impuso una pena mínima de diez meses en prisión. Esta decisión ha dejado a muchos preguntándose: ¿es suficiente castigo para un acto tan desgarrador?

La comunidad se siente dividida, con muchos exigiendo una revisión de los fallos judiciales relacionados con casos de violencia de género, mientras expertos advierten sobre la necesidad de fortalecer las leyes contra el acoso psicológico. La pregunta persiste: ¿qué tenemos que hacer para que se escuche la voz de las víctimas y se haga justicia realmente?