La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha dado un giro inesperado en su gestión política al cambiar su postura con respecto a la colaboración con Vox. Originalmente, tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, Guardiola había negado sus intenciones de gobernar junto a esta formación extrema. Sin embargo, posteriormente cedió bajo la presión de la dirección nacional del Partido Popular (PP) y firmó un pacto de coalición que incluía la creación de una nueva ley destinada a ‘la reconciliación y la concordia’, que busca derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, aprobada en 2018.

El acuerdo de Gobierno se desmoronó el 11 de julio debido a la salida de Vox de varios Gobiernos autonómicos. Pocos días después, Guardiola anunció su decisión de no impulsar la ley de concordia. Sin embargo, a raíz de la prórroga de los presupuestos de 2024 a 2025, la presidenta ha cambiado nuevamente de rumbo y ha decidido promover la norma, en una decisión respaldada por la dirección del PP. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, declaró que 'todo lo que suena a concordia, a entendimiento, me suena extraordinariamente bien'.

Guardiola hizo pública su decisión durante el último Consejo de Gobierno del año, justificando su conformidad con la tramitación de la ley de concordia y la derogación de la Ley de Memoria Histórica, argumentando que esto no implicaba un aumento de gasto.

Este cambio de rumbo coincide con un contexto político complicado, no solo para Extremadura, sino para otras comunidades gobernadas por el PP, donde la aprobación de los presupuestos está condicionada por las tensiones con Vox. Seis gobiernos autonómicos se encuentran en una situación similar, y todos han prorrogado sus cuentas al nuevo año debido a la presión ejercida por Vox.

Además, esta situación ocurre en un año significativo, ya que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco. Esto ha traído consigo un alud de discusiones en el ámbito político, ya que el gobierno de España planifica distintos actos conmemorativos mientras las declaraciones sobre el legado del dictador continúan generando controversia.

Las reacciones de los diferentes partidos han sido intensas. Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, criticó al Gobierno español por iniciar celebraciones que él considera inapropiadas. A su vez, el Ministro de Memoria Democrática ha respondido a estas críticas, subrayando que los eventos programados tienen el objetivo de avanzar en la memoria histórica y de justicia social.

En esencia, el vaivén de la presidenta Guardiola revela las tensiones y la complicada dinámica entre el PP y Vox, un equilibrio difícil de mantener en un clima político tan polarizado. Este 'nuevo enfoque' hacia la ley de concordia parece ser un intento desesperado de la presidenta de asegurar el apoyo necesario para manejar sus presupuestos en un año que se prevé complejo y lleno de desafíos.