La juez de guardia de Granada ha tomado una decisión crucial: ha suspendido temporalmente la orden de entrega emitida por las autoridades italianas, permitiendo que el hijo de Juana Rivas permanezca en España. Esta decisión llega después de que la Fiscalía de Granada solicitara la protección del menor, quien estaba previsto que regresara a Italia tras pasar las vacaciones de Navidad con su madre. Juana Rivas sostiene que su hijo, Daniel Arcuri, se encuentra en un grave riesgo si regresa con su padre, Francesco Arcuri, quien enfrenta recientes acusaciones de maltrato.

La juez, Susana Álvarez Civantos, en funciones de guardia, ha decidido que Daniel, de 10 años, permanezca en España hasta que el Juzgado de Violencia de Género tome una decisión definitiva sobre su custodia. Esta acción se considera un paso importante, ya que por primera vez se ha escuchado el testimonio del menor, un hecho destacado por el equipo legal de Rivas, quienes afirman que su declaración tuvo un impacto significativo en la decisión judicial.

El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, hizo pública la notificación que habían recibido de la Corte de Apelación de Cagliari, la cual estipulaba que Daniel debía regresar a Italia antes del 8 de enero. Esta exigencia se complica debido a las nuevas acusaciones de la Fiscalía italiana contra Francesco Arcuri, quien supuestamente sometió a sus hijos a un ambiente de violencia física y psicológica, lo que podría acarrear penas de hasta siete años de prisión en Italia.

La declaración desgarradora de Gabriel, el hermano mayor de Daniel que ya es adulto y reside en Granada, ha añadido peso a la situación. En un video compartido con la Fiscalía, Gabriel advirtió sobre el peligro que enfrenta su hermano de 10 años si regresa a vivir con su padre. Él mismo expresó que conoce a su padre y teme por la seguridad de su hermano menor, subrayando que su padre no es capaz de controlar su ira.

Estos hechos han llevado al Ministerio de Juventud e Infancia a intervenir, asegurando que es urgente escuchar al menor y garantizar sus derechos bajo la Convención de Derechos del Niño. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha manifestado su preocupación por la seguridad de Daniel, mencionando que las declaraciones del niño sobre sus miedos son profundamente preocupantes.

La situación ha capturado la atención no solo de la Justicia, sino también de altos funcionarios del Gobierno español. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ha hecho un llamado a proteger a Daniel, sentenciando categóricamente que "un maltratador nunca será un buen padre". Se comprometió a hacer todo lo posible para prevenir su regreso a un ambiente de violencia.

Por el momento, la decisión de la juez ofrece un respiro a Juana Rivas y sus hijos, quienes han enfrentado años de conflicto y miedo en su búsqueda de seguridad y protección familiar. Esta suspensión no solo resalta la complejidad del caso, sino también la importancia de un sistema judicial que escuche y priorice la seguridad de los menores en situaciones de riesgo.