Un alto funcionario de una aseguradora de salud ha descrito la situación actual como "El cisne negro ya está aquí". Esto refleja el profundo pesimismo que rodea la reciente noticia de que ningún proveedor se ha presentado para el concierto de la mutualidad de atención sanitaria a los funcionarios, conocido como Muface. Por primera vez en 50 años, ninguna compañía, incluidas Adeslas, Asisa y DKV, ha querido ofrecer sus servicios, citando condiciones económicas ruinosas. Esta dramática situación, analizada por expertos como Nassim Taleb, afectará a casi 1,5 millones de empleados públicos, incluidos profesores, policías y funcionarios jubilados, quienes ahora están en la incertidumbre sobre a qué médicos podrán acudir en los próximos meses.

Como respuesta, el Gobierno está acelerando una nueva licitación exprés con condiciones económicas favorables para atraer a aseguradoras privadas. Este nuevo pliego de condiciones prevé mejorar la remuneración actual en un 17%, siendo este incremento claramente insuficiente, dado que las aseguradoras demandan un aumento del 40% para compensar las pérdidas acumuladas, que ascienden a 600 millones de euros debido a la inflación y a un aumento en la demanda de atención médica en los últimos tres años. Al parecer, algunas fuentes de la industria esperan un mínimo del 25% en esta nueva oferta.

Si esta estrategia no asegura la presentación de nuevas ofertas, el Ministerio de Función Pública podría recurrir a una opción aún más drástica. Según la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato podría ser extendido obligatoriamente para las compañías que ya han participado en años anteriores, lo que podría obligarlas a continuar prestando los servicios sin compensación durante un período de hasta nueve meses. Esto representaría un duro golpe financiero para estas aseguradoras, que han advertido que tales condiciones resultarían inasumibles.

Las aseguradoras implicadas en Muface tienden a ver esta posibilidad de prórroga forzosa como una significativa desventaja en las negociaciones. Este ambiente de incertidumbre ha llevado a muchas compañías a retirarse de estos convenios en los últimos años, entre ellas Mapfre, Sanitas y Caser. Además, se establece que Adeslas, Asisa y DKV deberán seguir ofreciendo servicios a sus mutualistas durante un plazo determinado, incluso si no participan en el nuevo convenio para 2025-2026.

Desde el Ministerio dirigido por Óscar López, restan importancia al hecho de que por primera vez el concierto de Muface haya quedado desierto, afirmando estar confiados en que las nuevas condiciones económicas atraerán a las aseguradoras. Sin embargo, las preocupaciones son justificadas dado que, a pesar del aumento del 17% en las primas que el estado paga, las compañías han advertido que aún podrían enfrentar pérdidas significativas.

El nuevo pliego, anunciado recientemente, incluye importantes mejoras, como la inclusión de tratamientos bucodentales y terapias para enfermedades experimentales, lo que eleva aún más los costos. Los médicos y las clínicas han expresado que la mitad de cualquier aumento que se proponga debería revertir en mejoras de financiamiento para asegurar pagos justos.

La situación es crítica y el tiempo se agota. Si el Gobierno no logra persuadir a las aseguradoras, los 1,49 millones de beneficiarios de Muface podrían verse obligados a recurrir a un sistema público de salud ya sobrecargado. Las consecuencias de no encontrar una solución pueden ser devastadoras en todos los ámbitos: social, económico y político. ¿Logrará el Gobierno evitar lo inevitable o será este el principio de una crisis sin precedentes? La respuesta está por verse!