Tengo un profundo respeto por la profesión médica. Observo el arduo camino que enfrentan los profesionales para acceder a la carrera, finalizarla y aprobar el MIR, y me doy cuenta de que no solo se requiere vocación —¿cómo podría alguien dedicarse a tratar las enfermedades ajenas, con todas las dificultades que eso conlleva?—, sino también un gran entendimiento y capacidad crítica. He tenido el privilegio de conocer a médicos como Javier Gómez-Ferrer y Luis Martí Bonmatí, cuyas habilidades técnicas y calidad humana refuerzan esta creencia en mí. En mi experiencia política, me encontré con un médico como Martín Quirós, sin duda, una de las personalidades más singulares y fascinantes que he conocido durante mi carrera.

Todo esto sirve de preludio para expresar mi asombro al escuchar a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y recordar que es médica... ¡Médica!, me repito sin creerlo, aunque quizás debería plantear mi incredulidad entre signos de interrogación. ¿Cómo es posible? ¿En qué universidad estudió? ¿Quiénes fueron sus profesores? Ella se defiende frecuentemente de las críticas sobre su acento andaluz, como lo hizo en la entrevista que le regaló Évole, pero no es solo el acento lo que me preocupa; es el contenido de sus palabras. La falta de respeto al Estado de derecho que proviene de una figura tan alta dentro del Gobierno español es realmente alarmante. Según sus declaraciones, al denunciar una agresión sexual, hay que creer automáticamente a la mujer y condenar al denunciado, ignorando lo que diga el tribunal. ¿Presunción de inocencia? ¿Para qué? Me pregunto si tendría la misma claridad en sus afirmaciones si su marido o pareja, o incluso un hijo —no sé si los tiene— fuera acusado de violación. ¿Bastaría entonces con la declaración de la supuesta víctima?

Un médico debe tener, entre otras virtudes, la calma y el sentido común, para no alterarse cuando un paciente llega angustiado, ya sea a su consulta, a un centro médico o al hospital. Debe preguntar, analizar, estudiar los datos y diagnosticar la mejor terapia posible. Montero, sin embargo, representa lo opuesto: tensa en lugar de relajar, actúa sin reflexionar y agrava la situación cuando debería buscar la manera de atenuarla. Ante el alarmante estado de su salud política, me atrevería a recetarle una estricta dosis de Estado de derecho para intentar aliviar los efectos del populismo ruidoso y extremista que parece abrazar, afectando no solo su propia imagen, sino también al Gobierno del cual forma parte y a la sociedad española que dice representar.

Es preocupante ver cómo figuras de esta magnitud pueden influir en la percepción pública sobre la legalidad y la justicia. La necesidad de un debate responsable y fundamentado sobre temas tan serios es urgente; cuidemos del Estado de derecho, porque de ello depende el bienestar de toda la sociedad.