Un nuevo escándalo sacude al Ministerio Público de Chile. En una investigación por presunto fraude, el exfiscal Luis Toledo, quien anteriormente dirigió la Unidad de Drogas, se encuentra en el centro de la controversia tras la compra de un software para interceptar llamadas que nunca fue utilizado. Todo comenzó en 2019 bajo la administración del entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien pidió una indagatoria sobre este polémico asunto.

La Fiscalía Regional Centro-Norte, liderada por el fiscal José Morales, realizó una serie de incursiones el pasado 21 de marzo, incautando computadores y celulares de varios involucrados, incluido Toledo. Este último, quien ahora es director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, entregó los dispositivos que contenían información crucial sobre el caso.

La compra del software Vigía Elite Advanced, que tuvo un asombroso costo de alrededor de $1 mil millones, nunca fue activa, a pesar de que se argumentó que podría ayudar a la Fiscalía a gestionar hasta 5,000 interceptaciones de llamadas al mes. Sin embargo, informes sugieren que el sistema no tiene la capacidad técnica para soportar tal volumen de trabajo.

El involucramiento de Toledo gira en torno a su rol inicial de buscar alternativas para optimizar el sistema. A pesar de haber recomendado el software de la empresa Suntech S.A., él ha afirmado que no participó en el proceso de compra ni en el análisis técnico de la viabilidad del sistema. "Mi participación fue estrictamente limitada y se circunscribió a mi rol", declaró en un escrito enviado a CIPER.

Además de Toledo, otros dos individuos están bajo investigación: Óscar Zapata, exgerente de la división informática, y Carolina Zavidich, abogada de la Unidad de Drogas, quien actualmente sigue gestionando el sistema de solicitudes de interceptaciones. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia y eficiencia dentro de la Fiscalía.

La situación se complica aún más, ya que la investigación fue trasladada recientemente a la Fiscalía Regional de Los Ríos, bajo la dirección de Tatiana Esquivel, lo que ha impedido que el fiscal Morales revise el contenido de los equipos confiscados. Esto genera múltiples interrogantes sobre cómo se desarrollará la investigación y si se requerirá mayor escrutinio en las decisiones anteriores acerca de la compra de software.

Los desarrollos de este caso seguirán de cerca las miradas de la opinión pública, especialmente cuando se trata de la legitimidad en el uso de fondos públicos. ¿Qué otros secretos se descubrirán a medida que avanza esta investigación? ¡Estaremos atentos!