Las antiguas restricciones que habían mantenido a la isla de Toralla cerrada al público desde los años sesenta están comenzando a desmoronarse. A pesar de que todavía queda más de 40 años para el fin de la concesión otorgada en 1965 a la sociedad Toralla Sociedad Anónima por un periodo de 99 años, el Ministerio para la Transición Ecológica ha emprendido un camino hacia la apertura, y esto es gracias a la creciente presión ciudadana para recuperar un espacio que debería ser de todos.

En un giro sorprendente, el Gobierno ha reconocido que el actual estado de la isla, en el que la propiedad privada ha hecho caso omiso de la Ley de Costas y de decisiones del Tribunal Supremo, debe cambiar. El órgano encargado de la gestión costera ha comenzado el proceso para crear una senda de acceso público que rodee la isla, algo que se había considerado impensable hasta hace poco.

Se ha adjudicado un contrato para la 'redacción del proyecto de recuperación del tránsito en la isla de Toralla' a Enurcoin SL, una empresa con sede en A Coruña, por un valor cercano a 15.000 euros (18.124 euros con IVA). Este primer paso crucial para restablecer el acceso público se llevará a cabo en un plazo de seis meses.

La futura senda tendrá más de un kilómetro y medio de longitud y deberá tener un ancho mínimo de 6 metros, cumpliendo así con la legislación vigente que estipula que estas áreas deben permanecer accesibles para el paso peatonal y para vehículos de servicio y salvamento. Para lograr esto, los propietarios de terrenos en Toralla tendrán que ceder parte de sus propiedades sin recibir compensación, algo que genera inquietud entre algunos de ellos, dado que muchas de sus áreas han sido construidas sobre las propias rocas.

Un análisis aéreo de la isla revela que aproximadamente quince propiedades sufrirán una reducción en su superficie, y al menos seis piscinas tendrán que ser eliminadas o reducidas en tamaño. Además, la vía que rodea las icónicas torres de Toralla, diseñadas por Xosé Bar Boo, también deberá ser modificada, lo que resultará en la pérdida de plazas de aparcamiento.

La empresa que gestiona la isla, Toralla SA, enfrenta una situación financiera complicada, con un capital de poco más de 100.000 euros después de una ampliación de capital en 2023 para cubrir las pérdidas de años anteriores.

La lucha por recuperar el acceso a Toralla no es nueva. En febrero de 2018, el Concello de Vigo, dirigido por Abel Caballero, rechazó la propuesta de deslinde de los propietarios que buscaba consolidar su control sobre la costa. En aquel entonces, el gobierno local se opuso firmemente a la pérdida de terrenos de dominio público y solicitó al Gobierno central que actuara para preservar las servidumbres de acceso, como exige la Ley de Costas.

Los ciudadanos de Vigo han celebrado esta noticia como una victoria en su larga lucha por recuperar un espacio que siempre debería haber sido accesible. La playa y los senderos alrededor de Toralla prometen convertirse en un nuevo punto de encuentro para la comunidad, y una muestra de que la presión pública puede lograr cambios significativos en la política y la gestión del patrimonio natural.