Un impactante caso de abuso sexual ha salido a la luz en Las Palmas de Gran Canaria, donde un médico de un centro de salud público ha admitido haber realizado tocamientos inapropiados a sus pacientes. Según las denuncias, el profesional de la salud frotaba sus órganos sexuales y sometía a las mujeres a diferentes tipos de tocamientos bajo el pretexto de realizar un masaje, pidiéndoles que se quitaran parte de su ropa interior. En una de las declaraciones, se reveló que incluso llegó a susurrar a una paciente si le gustaba lo que le estaba haciendo.

El médico, que ya contaba con un historial delictivo, incluidas una condena en 2020 a 18 meses de prisión por un delito contra la libertad sexual, fue señalado específicamente por abusar de una de sus víctimas durante una visita a domicilio para atender a la madre de esta.

Durante el juicio celebrado recientemente, la Fiscalía solicitó penas de cárcel de hasta tres años por los abusos sexuales continuados cometidos contra diez de las víctimas. Sin embargo, las sanciones fueron finalmente reducidas a dos años y un día, mientras que al resto de las víctimas se les otorgó una pena de un año de prisión, además de una indemnización de 75,000 euros que ya ha sido paga.

Las cuatro acusaciones involucradas en el caso aceptaron una reducción en las penas a cambio de la reparación del daño, reflejando una sorprendente relación entre justicia y la compensación económica. Dos de ellas lograron disminuir sus demandas de tres años de prisión a dos años y un día, mientras que las otras se conformaron con dos años.

La defensa del acusado, representada por la abogada María Rosa Díaz Bertrana, solicitó una condena total de 18 años de prisión, argumentando que existían atenuantes, como la alteración psíquica del médico, avalada por varios profesionales de la salud mental. Su abogada destacó que esta situación no había sido impugnada por nadie en el proceso judicial y que, a pesar de sus problemas actuales, su cliente nunca había tenido incidentes durante su carrera profesional.

Además, hizo hincapié en que, en el momento de los delitos, el Código Penal permitía que el daño se compensara con una multa. Este caso conmueve no solo a las víctimas, sino también a toda la comunidad médica, que se enfrenta a la terrible realidad de que uno de sus propios miembros haya traicionado la confianza depositada en él. Se ha generado un debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos de denuncia y protección en los centros de salud, además de llamar la atención sobre la importancia de la salud mental de todos los profesionales médicos.