La Asociación de Fiscales exige una reacción

La Asociación de Fiscales (AF), el colectivo mayoritario en la Carrera Fiscal, ha emitido un comunicado impactante en el que exige a los miembros de la Fiscalía una "reacción" inmediata frente a "un hecho sin precedentes". Esto se refiere a la entrada y registro realizados por la Guardia Civil en la oficina del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictado por el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado.

Reflexión sobre la institución

"Instamos a todos los fiscales a reflexionar profundamente sobre el papel de nuestra institución en esta turbia situación", señala el comunicado. La AF argumenta que este auto no se emite en el vacío y que cada fiscal debe meditar sobre cómo su institución aparece en las investigaciones abiertas por el Tribunal Supremo, contrastando las intervenciones policiales con la mera presencia del Ministerio Fiscal.

Dimisión y preguntas críticas

La AF también ha pedido la dimisión de García Ortiz, comunicando esta "anomalía insólita" a diversas autoridades europeas y organizaciones del Consejo de Europa. Sin embargo, el colectivo también señala la necesidad de que los fiscales planteen estas preguntas críticas: ¿Qué fiscal está involucrado en las diligencias previas?, ¿Quién lo designó?, y ¿Cuál es la percepción pública sobre la imparcialidad de nuestra institución ante esta crisis?

Indignación entre los fiscales

¿Es razonable que la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, dependiente del fiscal investigado, continúe en el caso? Este dilema ha llevado a los fiscales a expresar su indignación. Algunos han calificado la situación como "horrible" y un "bochorno", con la opacidad de los procedimientos alimentando la tensión dentro del Ministerio Público.

Llamado a la acción

La AF concluye su comunicado pidiendo más acción y compromiso a todos los fiscales ante este escándalo, señalando que la situación "requiere de nosotros una respuesta contundente".

Inquietud en la Guardia Civil

La conmoción se extiende a las filas de la Guardia Civil, donde muchos se preguntan cómo una situación de tal gravedad y con declaraciones de secreto en la causa ha permitido que la teniente fiscal acceda a las diligencias mientras la defensa de García Ortiz no puede. Esta disparidad ha creado un clima de desconfianza y desasosiego.

Riesgo de suspensión cautelar

Como si esto no fuera suficiente, la situación podría escalar aún más, ya que el fiscal general enfrenta el riesgo de una posible suspensión cautelar, según el artículo 511.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La tensa situación está lejos de resolverse, y la presión por transparencia y justicia solo sigue creciendo en el ámbito judicial español.