Los sindicatos de inquilinos han levantado su voz enérgicamente exigiendo la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras sus recientes declaraciones instando a los propietarios a actuar con "solidaridad" y bajar los precios de los alquileres. Esta llamada a la acción ha sido considerada por muchos como la última gota en un vaso que ya rebosaba de frustración y descontento, especialmente tras el rechazo por parte de Junts a la ley de alquileres temporales que prometía aliviar la crítica situación del acceso a la vivienda en España.

Las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda han criticado no solo a los propietarios, a quienes acusan de enriquecerse a costa del sufrimiento de los inquilinos, sino también al gobierno de Pedro Sánchez. Los medios de comunicación, especialmente el grupo Prisa, han empezado a dar seguimiento a la manifestación por la vivienda programada para el 13 de octubre, algo que ha generado aún más tensión entre las organizaciones de inquilinos y el ejecutivo.

En un comunicado emitido el 1 de octubre, los sindicatos expresaron que "el sufrimiento de millones de personas no puede quedar impune" y sostienen que el fracaso de la Ley de Vivienda es responsabilidad directa del gobierno. Aseguran que esta ley, desde su tramitación hasta su desarrollo, ha sido ineficaz y está diseñada para ser ignorada por muchas comunidades autónomas. Las aplicaciones de la ley por parte de las inmobiliarias han sido escasas y han operado con total impunidad, dejando a los inquilinos a merced de un sistema insostenible.

Hasta la fecha, todas las propuestas para mejorar la regulación de alquileres temporales o para sortear el bloqueo de las comunidades autónomas han sido un fracaso, no solo por la oposición de la derecha, sino también por la ambigüedad del PSOE, que a pesar de votar a favor de la discusión, no presentó una propuesta clara y viable.

Las demandas de los sindicatos, como la equiparación de derechos entre inquilinos habituales y temporales, o la "presunción de habitualidad" en los contratos temporales, siguen siendo ignoradas. Recientemente, el PSC permitió que una ley similar que regulaba los alquileres temporales en Cataluña fuese desechada, lo que intensifica la frustración de quienes buscan soluciones efectivas ante la crisis de la vivienda.

La propuesta actualmente en discusión por el Ministerio consiste en determinar los motivos que justifican los contratos de corta duración y la creación de un registro de alquileres temporales para 2026. Sin embargo, la reacción de los sindicatos ha sido clara: piden una participación masiva en la manifestación del 13 de octubre y llaman a que los inquilinos se organicen en una "huelga de alquileres". Este movimiento busca no pagar los aumentos de precios impuestos por propietarios, sobre todo aquellos representados por bancos y fondos buitres, pretendiendo que los alquileres se puedan reducir en un 50%.

La situación actual plantea un escenario apremiante para millones de inquilinos en España, que se sienten atrapados entre la falta de acción gubernamental y el aumento constante de los precios de alquiler. Con una creciente movilización social, el futuro de la política de vivienda en el país depende de la respuesta del poder ejecutivo y la presión ejercida por estos sindicatos.