El gobierno venezolano ha denunciado un ataque con "bombas incendiarias" contra su consulado en Lisboa, incidente que ha atribuido a grupos fascistas. El canciller Yván Gil agradeció a las autoridades portuguesas por su rápida intervención y dijo que este ataque no detendrá los avances de la revolución bolivariana. Gil también compartió imágenes del consulado, mostrando los daños sufridos.

Mientras tanto, la frontera colombiana con Venezuela amaneció nuevamente bloqueada por contenedores, ordenados por los militares leales a Maduro para evitar el cruce de opositores. Este movimiento se enmarca en la toma de posesión de Maduro, visto como ilegítima por diversos gobiernos e instituciones internacionales.

En un informe alarmante, la ONG Foro Penal ha documentado 75 nuevos presos políticos en el país entre el 1 y el 11 de enero, justo antes de la investidura de Maduro. Entre los arrestados hay 13 mujeres y un adolescente, y se sospecha que estas detenciones son parte de una estrategia del gobierno para desmovilizar la oposición.

En la frontera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien pidió una intervención militar para desalojar a Maduro. Petro sostiene que es fundamental preservar las relaciones entre ambos países, enfatizando que la vía del diálogo es el mejor camino.

Por otro lado, el expresidente Uribe continúa su fuerte oposición al chavismo, solicitando la intervención internacional, mientras que varias figuras opositoras han sido objeto de intimidación y represión.

La ONG Espacio Público ha reportado la desaparición de Carlos Correa, su director ejecutivo, desde que fue secuestrado por presuntos agentes del gobierno. Esta situación pone de relieve la creciente represión sistemática contra la sociedad civil en Venezuela.

A nivel internacional, Brasil ha expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país, haciendo un llamado a garantizar los derechos y la seguridad de los opositores políticos. Además, el G-7 ha condenado la falta de legitimidad de la toma de posesión de Maduro, exigiendo que se respeten los derechos humanos y el proceso democrático.

El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha instado a Maduro a restablecer el diálogo con la oposición para una eventual restauración de la democracia en Venezuela.

Maduro, tras asumir el mandato, ha ridiculizado a sus opositores y ha anunciado la creación de una nueva fuerza policial para ejercer control en la disputa territorial con Guyana. El gobierno canadiense, alineado con los EE.UU., ha impuesto sanciones a funcionarios chavistas por violaciones de derechos humanos, dejando claro que no reconoce la legitimidad de la investidura de Maduro.

A medida que los acontecimientos se desenvuelven, Edmundo Gonzáles, quien se considera el verdadero presidente electo, ha manifestado su determinación de regresar a Venezuela para asumir su cargo, omitiendo la legitimidad de la ceremonia de toma de posesión de Maduro.