El Ministerio de Transportes ha finalizado el análisis de los documentos presentados por el empresario Víctor Aldama, en los cuales acusa que al menos diez constructoras obtuvieron 96 contratos de obras públicas a cambio de comisiones ilegales a José Luis Ábalos, quien fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021. Sin embargo, las conclusiones de los técnicos del ministerio desmienten estas acusaciones, revelando que el contenido de los documentos no refleja lo ocurrido durante las licitaciones analizadas.

Los informes, solicitados por el actual ministro Óscar Puente, han sido elaborados por el gestor de infraestructuras ferroviarias ADIF y por la Dirección General de Carreteras. En ellos, se concluye que no hay evidencias de irregularidades en los procesos de contratación, que abarcan no solo el mandato de Ábalos, sino también los periodos de sus predecesores del PP, Ana Pastor e Íñigo de la Serna, así como su sucesora, Raquel Sánchez del PSOE.

El análisis se centra en las presuntas adjudicaciones ilegales de ADIF, que incluye 17 proyectos, y otras 79 obras de la Dirección General de Carreteras. El primer informe, revelado recientemente, no indica irregularidades en las obras. De hecho, tres de ellas aún no han sido adjudicadas. En el segundo informe, de 49 páginas, se examinan las supuestas pre-adjudicaciones y se desmiente a Aldama. Las 40 obras subrayadas en los documentos presentados por Aldama no son licitaciones realmente, sino simplemente un instrumento de ordenación para proyectos de infraestructura.

Respecto al resto de las obras subrayadas, el Ministerio confirma que 39 son licitaciones, pero solo seis corresponden al periodo de Ábalos. Algunos de estos contratos fueron adjudicados bajo el mandato del PP. Además, de los 17 contratos mencionados por Aldama, 17 aún no han sido adjudicados y uno corresponde a una concesión de 2005.

Cabe destacar que la ministra Raquel Sánchez adjudicó 11 de las obras denunciadas. El informe del ministerio concluye que 'no ha habido constancia de actuaciones irregulares' en relación con estas obras viales.

No es la primera vez que el Ministro Óscar Puente lleva a cabo una investigación interna en respuesta a acusaciones de corrupción. En febrero de este año, ordenó una auditoría en Puertos del Estado y ADIF en relación con la compra de mascarillas durante la pandemia, la cual reveló irregularidades que llevaron a la justicia. Aldama, por su parte, apuntó a un listado de 10 constructoras donde aseguraba que beneficiaron de las pre-adjudicaciones. Sin embargo, el análisis ministerial muestra que entre las 373 adjudicaciones en obras ferroviarias, solo seis de estas empresas firmaron contratos, y dentro de las 21 adjudicaciones de Carreteras, solo tres constructoras ganaron contratos.

Además, los informes destacan que las solicitudes de Aldama presentan 'una extraordinaria generalidad', pues abordan partidas que corresponden a múltiples contratos e infraestructuras, sin seguir un patrón claro de corrupción. Por lo tanto, la mayoría de los concursos adjudicados premiaron a las mejores ofertas económicas y no a las empresas que siquiera presentaban las mejores puntuaciones técnicas.

En cuanto a los contratos modificados, los técnicos también examinaron esta gestión y no hallaron irregularidades. La inercia del proceso, que involucra a numerosos técnicos del ministerio, resulta en un control riguroso que prácticamente anula las posibilidades de fraude. En uno de los contratos de ADIF, la constructora tuvo que devolver 70.863 euros, lo que evidencia la seriedad del control administrativo. Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia y la correcta gestión en las adjudicaciones públicas, contrastando con las acusaciones de corrupción que, hasta ahora, parecen ser infundadas.