La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está lista para desafiar la justicia y las normativas europeas una vez más, con un segundo intento de deportación de migrantes a Albania, programado para empezar el próximo lunes. Fuentes oficiales han confirmado que, con la llegada del buen tiempo y la reanudación de las llegadas de embarcaciones por mar desde Libia y Túnez, la nave militar Libra se situará a 20 millas de Lampedusa—fuera de las aguas territoriales italianas—para comenzar a recoger a los náufragos y transbordarlos hacia Albania.

El gobierno de ultraderecha ha decidido no rendirse tras el fiasco de su primer intento, realizado el 16 de octubre. En esa ocasión, los primeros 16 migrantes deportados fueron transferidos de regreso a Italia en apenas tres días, debido a diversas razones, como la vulnerabilidad de algunos, entre ellos dos menores, y una decisión de un tribunal de Roma, que basándose en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, revirtió la retención.

La derrota judicial ha puesto en zozobra el plan estrella de Meloni para combatir la inmigración ilegal. Su modelo Albania, respaldado por la Comisión Europea como una solución “innovadora”, se encuentra en la cuerda floja. Sin embargo, Meloni ha aprobado un nuevo decreto ley que intenta obligar a los jueces a acatar las directrices del Ejecutivo, elevando así su normativa a un rango superior.

El conflicto con la justicia italiana está lejos de resolverse, ya que los tribunales del país se ven obligados a aplicar la ley europea vigente desde 2013, que aseguran protege los derechos de los solicitantes de asilo. Mientras tanto, Meloni se muestra optimista, creyendo que los jueces italianos interpretarán favorablemente la reciente sentencia europea, y se aferra a que la normativa europea cambiará en 2026 con la entrada en vigor de un controvertido pacto migratorio.

A medida que se desarrolla este tenso escenario, un tribunal de Bolonia ha elevado una consulta al Tribunal de Justicia europeo para claridad sobre las directrices a seguir, lo que podría demorar la resolución en varios meses, algo que Meloni no puede permitirse.

La viabilidad del protocolo para la rápida deportación a Albania sigue siendo incierta. Este protocolo, adoptado hace un año y medio por Italia, permite la retención de migrantes en frontera y un proceso acelerado de rechazo de solicitudes de asilo. Sin embargo, los tribunales italianos han sostenido que este procedimiento no se alinea con la normativa europea. El primer intento de deportación fracasó porque los migrantes involucrados eran de Bangladés y Egipto, considerados no seguros por la sentencia europea.

Afrontando esta dura realidad, el gobierno italiano ha realizado ajustes en su lista de países seguros, disminuyéndola de 22 a 19, pero aún enfrentando severas contradicciones con lo que estipula la ley europea. De acuerdo con este marco legal, solo siete estados serían considerados seguros por Italia, limitando drásticamente sus posibilidades de deportación a Albania.

Esta nueva fase en el enfrentamiento entre el gobierno de Meloni, la justicia italiana y las leyes europeas determinará el futuro del modelo Albania y la dirección de la política migratoria de Italia. Con la presión internacional en aumento y la mirada crítica de la opinión pública, todos esperan saber si el gobierno puede concretar su plan o si se enfrentará a un nuevo revés judicial.