El pasado lunes 28 de octubre, un día antes de que las torrenciales lluvias desbordaran el barranco del Poyo y causaran más de 200 muertes, la Universitat de València (UV) envió un comunicado a sus estudiantes informando sobre la suspensión de clases debido a la previsión de intensas lluvias. En la mañana del trágico 29 de octubre, tras un aviso rojo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a las 7:36 horas, se decidió suspender todas las actividades docentes, administrativas, de investigación y culturales en los diversos campus de la universidad.

Esta decisión, aunque necesaria para salvaguardar la integridad de 50.000 estudiantes y más de 5.000 profesores, no fue bien recibida por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El mandatario, durante un acto en el Palau de la Generalitat, se mostró visiblemente molesto con la suspensión, considerándola una medida exagerada y poco justificada.

Mazón se reunió posteriormente con representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y de los sindicatos UGT y CCOO para discutir sobre los presupuestos autonómicos. Aunque el encuentro planificado comenzó con retraso, Mazón utilizó parte del tiempo para expresar su desconformidad con la decisión de la Universitat. A pesar de que el aviso rojo de Aemet seguía vigente y que la Confederación Hidrográfica del Júcar había lanzado una alerta hidrológica por el desbordamiento del barranco, su crítica se centró en la gestión de la crisis.

La polémica desatada no solo toca la sensatez de las decisiones tomadas en situaciones de emergencia, sino también la interrelación entre las instituciones educativas y la administración valenciana. ¿Es la seguridad de los estudiantes una prioridad para el Gobierno o simplemente una respuesta exagerada ante una situación de crisis? Los comentarios de Mazón han generado debate sobre cómo se gestionan las emergencias y la balanza entre la educación y la seguridad pública.

No es la primera vez que situaciones climáticas adversas ponen a prueba a las instituciones locales, y se vislumbra la necesidad de establecer protocolos más claros y efectivos para gestionar este tipo de crisis en el futuro. La comunidad educativa también cuestiona si la reacción del presidente es apropiada, considerando el impacto real que el clima extremo puede tener en el bienestar de los estudiantes.