Los corazones de las familias de cuatro menores desaparecidos en Guayaquil están desgarrados. Desde el 8 de diciembre, Steven Medina (11 años), Saúl Arboleda (15), y los hermanos Ismael y Josué Arroyo (15 y 14) no han sido vistos tras salir a jugar al fútbol. Recientemente, sus seres queridos enfrentaron una dolorosa realidad al enterarse de que se habían encontrado cuerpos, presumiblemente de los niños, en un río cercano a la base aérea de Taura.

La identificación de estos cuerpos ha sido un proceso complicado debido a su estado crítico: "Los cuerpos estaban incinerados, irreconocibles ", declaró Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Las familias se presentaron en la morgue de Guayaquil con la esperanza de encontrar respuestas, pero regresaron a casa con más preguntas que certidumbres. La identificación visual y la toma de huellas dactilares no fueron posibles, lo que lleva a un procedimiento de reconocimiento antropológico cuyos resultados se esperan para el próximo lunes. Si este esfuerzo también falla, las pruebas de ADN podrían tomar hasta 40 días.

Días angustiosos para las familias, que se aferran a las últimas palabras de los niños. El padre de los hermanos Arroyo recibió un aviso de un desconocido la noche de la desaparición, quien le advirtió que buscara a los menores en el camino a la base militar. En una escalofriante conversación, el niño le dijo: "Los militares nos cogieron, nos están acusando de un robo, papá, por favor ven, sálvame". Esta declaración ha generado más preguntas sobre la participación de los militares en este caso.

A medida que el caso avanza, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, inicialmente atribuyó la desaparición a "grupos delincuenciales", pero luego cambió su narrativa, admitiendo que los menores fueron detenidos por una patrulla militar. La declaración agrega más dudas: ¿por qué fueron dejados en la calle? ¿Qué ocurrió realmente esa noche?

A medida que las lecciones del dolor se convierten en protestas en las calles, los ecuatorianos exigen justicia y respuestas rápidas sobre los cuerpos encontrados. La Fiscalía investiga lo que parece un patrón de desapariciones forzadas y denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.

La situación en Ecuador se ha vuelto aún más outlandish en el contexto de una militarización que comenzó a finales de 2023 y ha aumentado con la violencia del narcotráfico. Familias temen que las recientes fuerzas militares en las calles para controlar el crimen estén en el centro de un ciclo de abusos sistemáticos.

"No es un caso aislado”, enfatiza Bastías, quien resalta que se están acompañando al menos diez casos de desapariciones relacionadas con esta militarización. La desaparición de los cuatro menores también ha captado la atención a medida que se acercan las elecciones de febrero de 2024, poniendo al presidente Daniel Noboa bajo el escrutinio público.

La expectativa se cierne sobre este caso fatídico y podría convertirse en un punto crítico para las aspiraciones políticas del actual mandatario. ¿Qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad y proteger a los más vulnerables en un país atrapado en la violencia y la incertidumbre? Las respuestas son desoladoras, y las esperanzas de las familias de estos niños siguen pendiendo de un hilo.