Iustitia Europa ha intensificado su ataque al presentar una ampliación de la querella contra Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su supuesta falta de acción durante la emergencia causada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024.

Esta nueva querella, que cuenta con 24 páginas según Libertad Digital, incluye acusaciones específicas de prevaricación por omisión y el grave incumplimiento del deber de socorro, apuntando a la responsabilidad de Ribera en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La CHJ, un organismo autónomo vinculado al ministerio de Ribera, es clave en la planificación y gestión de recursos hídricos, y su labor es fundamental, especialmente en situaciones de riesgo como inundaciones.

Las evidencias presentadas sugieren que la ministra tenía acceso a información sobre el riesgo inminente de inundaciones a través de la AEMET y de informes internos de la CHJ. Sin embargo, su inacción es vista como un claro incumplimiento de sus deberes, contribuyendo a agravar los daños ocasionados por la DANA. "Como máxima autoridad del ministerio, iba en su cargo garantizar la protección de la población en situaciones de emergencia", subrayan los denunciantes.

Además, se asegura que la falta de supervisión de Ribera llevó a la no activación de protocolos cruciales y de alertas que podrían haber mitigado el impacto de las inundaciones. La falta de preparación y adecuación de infraestructuras, como se recomendó previamente, pone de relieve el nivel de negligencia que se le atribuye. En este sentido, el barranco del Poyo se menciona como un punto crítico que no recibió la atención necesaria antes de la catástrofe.

La querella también trae a la luz el hecho de que esta no es la primera vez que Ribera enfrenta cuestionamientos por su gestión. La situación ha llevado a preguntas sobre su futuro en el cargo, mientras se rumorea sobre una posible incorporación a la Comisión Europea, lo que plantea más dudas sobre su compromiso con la gestión de crisis en España. Mientras tanto, las afectaciones por la DANA siguen dejando a miles de ciudadanos en una situación vulnerable.

La omisión de Ribera de actuar en un momento de crisis extrema es vista por Iustitia Europa como un acto que merece ser investigado, con implicaciones no solo políticas sino también penales. La desesperación de los afectados por la DANA se encuentra en el centro de este debate, y muchos ya exigen respuestas y responsabilidades.