Contexto de la solicitud

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado a la Sala Segunda que archive la denuncia presentada contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos. En su informe, la número dos del Ministerio Público sostiene que la filtración de datos reservados sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, no constituye un delito.

Postura de la teniente fiscal

Esta postura coincide con la presentada previamente por Sánchez Conde ante la fiscal de Madrid, que tuvo que comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a una querella presentada por González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid contra dos fiscales, también por esta filtración. Sin embargo, dicha postura no fue aceptada por los jueces del Tribunal Superior.

Desarrollo de la investigación

En julio, el instructor del TSJM solicitó al Alto Tribunal que imputara a García Ortiz por estos hechos. A finales de marzo, por orden del fiscal general, el gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid envió a los medios una nota de prensa que revelaba detalles de las conversaciones entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, quien enfrenta acusaciones de fraude fiscal y falsedad documental. La nota informativa contenía detalles sobre el pacto que el abogado estaba negociando con el Ministerio Fiscal.

Conclusiones de la teniente fiscal

En su informe, la teniente fiscal afirma que "ninguna de las informaciones contenidas en la nota era desconocida al momento de su publicación" y que "todos los datos ya eran de dominio público, ya que la existencia de la investigación y las denuncias relacionadas ya habían sido publicadas en diversos medios". Esto permite concluir que se trata de una acción inocua y sin implicaciones legales, dado su escaso impacto.

Veracidad de la información

Además, insiste en que "no se ha cuestionado la veracidad de la información difundida el 14 de marzo de 2024" y subraya que las comunicaciones entre el abogado del investigado y el fiscal responsable del caso fueron publicadas antes de la nota informativa del Ministerio Fiscal.

Acceso a la información

Para minimizar la responsabilidad del fiscal general, el informe señala que "más de doce fiscales y cuatro funcionarios tenían acceso a la dirección de correo electrónico de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid".

Interés mediático y derecho de defensa

Sánchez Conde también argumenta que la nota informativa, enviada por decisión de García Ortiz, no reveló información desconocida para el público, ya que había generado un destacado interés mediático y no comprometía el derecho de defensa de González Amador.

Motivos para informar

La teniente fiscal sostiene que el Ministerio Público debía informar sobre las negociaciones con el novio de Ayuso por las reacciones adversas hacia la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, quien también ha sido imputada en el TSJM por estos hechos. Además, Sánchez Conde menciona que la Fiscalía decidió hacer pública la nota ante "la falsedad de algunas informaciones periodísticas" y las declaraciones realizadas desde el entorno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Filtraciones recientes

En el contexto de la investigación judicial liderada por el TSJM, recientes filtraciones mostraron comunicaciones internas entre el fiscal general y la fiscal Lastra, donde García Ortiz había enfatizado la importancia de difundir la nota: "Si dejamos pasar el momento, nos ganarán el relato. Es vital sacarla", se evidencia en los mensajes de WhatsApp.