En un movimiento crucial para el sector de la vivienda, el Gobierno ha dado el visto bueno en su último Consejo de Ministros del año a un conjunto de medidas que buscan regularizar y ampliar el acceso a los alquileres de corta duración. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la creación de un registro específico para este tipo de arrendamientos, así como la implementación de una ventanilla única digital que facilitará la recogida e intercambio de datos entre plataformas de alquiler y autoridades competentes.

El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, ha subrayado que este registro funcionará como una plataforma digital para la transmisión electrónica de información, asegurando que las autoridades tengan acceso a datos sobre los diferentes usos y regulaciones de los alojamientos de corta duración a nivel nacional.

Este nuevo marco legal aclarará qué se entiende por alquiler de corta duración, incluyendo las distintas modalidades y los actores involucrados en estas transacciones, así como las plataformas donde se ofrecen. En esta ventanilla única se tendrán que declarar los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones, siempre que se ofrezcan a través de plataformas digitales como Airbnb.

“Los servicios de alquiler de corta duración abarcarán no solo fincas urbanas completas sino también parcialidades de las mismas, e incluirán alojamientos en embarcaciones”, señaló un representante del ministerio. La normativa establece que estos alquileres se destinarán a fines temporales, como vacaciones, estudios o tratamientos médicos, y las viviendas deben estar equipadas adecuadamente según la normativa vigente.

Todo arrendador deberá solicitar un número de registro, proporcionar la información correspondiente y mantenerla actualizada, reportando directamente a las plataformas su registro asignado. Además, se exigirá que las plataformas identifiquen claramente estos números en sus anuncios, garantizando así la transparencia del uso de estas propiedades.

Las plataformas estarán bajo la obligación de realizar inspecciones periódicas y tener un canal de comunicación directo con la ventanilla única, reportando cualquier irregularidad que detecten. El decreto comenzará a ser efectivo a partir del 2 de enero de 2025, otorgando un plazo hasta el 1 de julio para que se implementen adaptaciones tecnológicas.

Ampliando el parque público de vivienda

En otro aspecto significativo, el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de inmuebles del Patrimonio del Estado a Sepes, la entidad pública encargada de la gestión del suelo, con el fin de aumentar el parque de viviendas públicas a disposición de los ciudadanos. Esta medida proviene de una disposición de enajenación bajo la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Sepes gestionará propiedades de diversas instituciones, incluidos el Instituto de la Vivienda y ADIF, mientras que dichos organismos mantendrán la titularidad de los inmuebles. Esto buscará activar un mercado de vivienda más accesible para la población.

Finalmente, el Gobierno también ha modificado la Ley de Contratos del Sector Público para estimular la promoción de vivienda asequible, introduciendo especificaciones en los contratos que permiten la construcción o rehabilitación de inmuebles públicos con fines sociales. Estos cambios son parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la oferta de vivienda en un contexto de creciente demanda y crisis habitacional.

Con estas medidas, el Ejecutivo no solo regula el mercado de alquileres de corta duración, sino que también refuerza su compromiso con el acceso a la vivienda pública. ¿Qué opinas sobre estos cambios? ¡El futuro de la vivienda en España podría estar en juego!