El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo crucial en el ámbito tributario, asegurando que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que comprenden en su mayoría a solteros sin hijos, no se vean obligados a tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2025. Este pacto, que busca compensar a aproximadamente el 20% de los beneficiarios del SMI, se ha formalizado esta mañana después de intensas negociaciones entre las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz.

El acuerdo implica la introducción de una deducción en la cuota del IRPF, lo que significa que aquellos trabajadores que perciban el SMI no tendrán que tributar en dicho impuesto. Esta medida es crucial, ya que se deriva de la reciente subida salarial acordada para 2025, la cual contempla un incremento del 4.4% en el SMI.

Durante las discusiones, Yolanda Díaz expresó su frustración por la falta de avances en las negociaciones, señalando que, a pesar de varias propuestas enviadas a la ministra de Hacienda, el diálogo había tenido obstáculos significativos. Al parecer, en un momento clave, la ministra se retiró de la mesa de negociaciones, lo que provocó tensiones entre ambas partes.

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda defendió sus posturas, afirmando que nunca se acordó que los trabajadores del SMI estuvieran exentos de tributar independientemente de los cambios en su salario. La ministra Montero subrayó la necesidad de que las subidas salariales contribuyeran de manera proporcional al mantenimiento de las arcas públicas, generando un debate acalorado entre los socios de la coalición.

Este nuevo acuerdo se produce en un clima de incertidumbre, dado que la extensión de la exención del IRPF más allá de 2025 aún no está garantizada. Sin embargo, Díaz se mostró optimista al afirmar que hay un amplio consenso en el hemiciclo sobre la necesidad de esta exención.

El impacto de la subida del SMI es significativo, ya que se estima que cerca del 20% de los beneficiarios se verán obligados a contribuir al IRPF a través de retenciones, algo que hasta ahora había sido mitigado por ajustes en los mínimos exentos. Este giro en las políticas tributarias refleja la presión de los sindicatos y la sociedad civil para garantizar que los trabajadores con menores ingresos no se vean desproporcionadamente afectados por los impuestos.

Finalmente, a pesar de las tensiones internas, el acuerdo parece un paso positivo hacia la justicia fiscal, con Diáz advirtiendo sobre la injusticia que representa un tipo impositivo alto para aquellos que apenas llegan a fin de mes. Con este compromiso, el Gobierno espera mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores en España, sentando un precedente importante en el debate sobre la fiscalidad y los salarios mínimos.