El Ministerio de Hacienda de España ha dado un paso crucial al enviar este lunes toda la documentación necesaria para solicitar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, en respuesta a los devastadores daños causados por la DANA el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia. Este fondo representa el principal mecanismo de apoyo de la UE para ayudar a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales, simbolizando la solidaridad europea en tiempos difíciles.

Apenas unos días después de las inundaciones, el 4 de noviembre, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había manifestado a la entonces comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, el interés de España en acceder a dicho fondo. Es un gesto que refleja la urgencia y compromiso del Gobierno para abordar la crisis de manera efectiva.

Según el reglamento del fondo, los Estados pueden acceder a él si los daños superan el 0,6% de la renta nacional bruta o 3.000 millones de euros (a precios de 2011). Las autoridades argumentan que la documentación presentada por el Ministerio de Hacienda demuestra que España cumple con estas condiciones de elegibilidad.

Los fondos que se podrían recibir están destinados a cubrir gastos esenciales derivados de la DANA, que incluyen la restauración de infraestructuras críticas como servicios de energía, agua, sanidad y educación. También se contemplan los gastos para alojamientos temporales y servicios de emergencia, así como inversiones en seguridad infraestructural y en la protección del patrimonio cultural.

La cifra preliminar de gastos que cumplen los requisitos para recibir financiación del Fondo de Solidaridad asciende a unos impresionantes 4.404 millones de euros, aunque esta cantidad podría ajustarse si algunas de las partidas reciben apoyo adicional del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es importante destacar que las normas prohíben la doble financiación, por lo que el Gobierno debe garantizar que ningún gasto apoyado por el fondo ya está cubierto por otros programas europeos.

Una vez enviada la información, la Comisión Europea comenzará un riguroso proceso de análisis y evaluación de la documentación presentada. Será ella quien finalmente determine el monto de ayuda que recibirá España, un proceso que requerirá la aprobación del Consejo y del Parlamento de la UE. Tras la autorización, los fondos se otorgarán mediante un acuerdo formal con el Estado, un procedimiento que puede extenderse a varios meses.

Este movimiento no solo es crucial para la economía local, sino que refleja el compromiso de España con la recuperación y la resiliencia ante el cambio climático y desastres naturales, reforzando así la necesidad de un entorno europeo más solidario y colaborativo. ¿Podrá España superar este desafío con la ayuda del fondo europeo? ¡La respuesta está por venir!