El Fiscal General alza la voz ante la injusticia

Álvaro García Ortiz, el Fiscal General del Estado, ha decidido no quedarse de brazos cruzados y ha presentado un recurso de apelación contra la fianza impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Esta fianza, que comenzó en 150.000 euros, fue rebajada posteriormente a 75.000 tras el reconocimiento de un error en el cálculo por parte del magistrado.

¿Por qué este escándalo?

La controversia surge de un caso delicado de revelación de secretos vinculado a un fraude fiscal que salpica a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La fianza fue una medida extrema asumida al abrir juicio oral contra García Ortiz.

Defensa robusta del Fiscal General

En un documento al que ha tenido acceso RTVE.es, los representantes legales de la Abogacía del Estado argumentan que el Fiscal General debería estar exento de depositar fianzas o cualquier tipo de garantía cuando enfrenta acusaciones relacionadas con su labor oficial, según la Ley de Asistencia Jurídica al Estado.

El impacto de la decisión judicial

Además, los abogados de Ortiz destacan que la cantidad de 75.000 euros es desmesurada, señalando que carece de justificación adecuada en función de las circunstancias del caso. En el cálculo de la fianza, se señala que se basó en la compensación que González Amador había solicitado a la vicepresidenta María Jesús Montero, quien lo había calificado de "delincuente confeso".

¡El desenlace se acerca!

A medida que esta historia se desarrolla, la comunidad espera con expectación cómo se resolverá esta disputa legal, que no solo pone en entredicho la integridad del sistema judicial, sino que también podría tener consecuencias significativas para la política española.