La familia de Óscar Sánchez Gil, un inspector jefe de policía atrapado en un escándalo de corrupción junto a 20 millones de euros escondidos en su casa, ha estado utilizando licencias de VTC (vehículos de transporte con conductor, como Uber y Cabify) como una fachada para blanquear dinero. Este plan astuto seguía una lógica de muñecas rusas, con el objetivo de ocultar activos sospechosos ante la Agencia Tributaria.

Los orígenes de esta trama se remontan a 2018, cuando la cuñada de Sánchez Gil fundó una empresa dedicada al negocio de las VTC. Curiosamente, esta sociedad estaba registrada en el piso superior de un taller en Vallecas, que paradójicamente operaba como un gestor de licencias de otros propietarios.

Recientemente, la policía realizó una incautación de más de 80 vehículos en dicha empresa, lo que ha dejado a su administrador atónito. "Desde el jueves estamos intentando entender lo que ha sucedido; nos han exigido que les entreguemos los coches", declaró.

La confiscación de estos coches se produjo luego de un impresionante operativo policial en la vivienda de la familia en Villalbilla. Durante más de 12 horas, los agentes realizaron un minucioso registro, llegando incluso a hacer agujeros en paredes con picos y radiales, en busca de los 20 millones de euros en efectivo.

A pesar de que no todos los activos de la corrupción eran líquidos, los vehículos confiscados representan solo la punta del iceberg de un imperio que operaba a la sombra, ligado al narcotráfico. Según fuentes policiales, esta organización familiar se benefició de mordidas significativas a cambio de permitir el ingreso de drogas en el país, cobrando hasta un millón de euros por cada envío.

En 2021, con el objetivo de expandir su red de blanqueo, se fundó una nueva empresa en otro taller de Vallecas que también fue inspeccionado recientemente. Aunque parecía distinta, era 100% propiedad de la primera empresa creada por la familia, en un esquema deliberado de complejidad diseñada para desdibujar la pista del dinero sucio.

Este ingenioso sistema de estratificación de empresas ha sido utilizado en numerosas ocasiones en fraudes similares, y sorprendentemente, la relación entre el inspector y la gestora de estas empresas es cercana, ya que es la hermana de su esposa.

En total, la trama comenzó a adquirir licencias de VTC en 2018, cuando se valoraban en menos de 50.000 euros, y ha seguido comprando hasta julio de este año, justo cuando los precios alcanzaban cifras récord, oscilando entre 120.000 y 140.000 euros. Esto plantea serias dudas sobre la legitimidad de las transacciones, y las autoridades continúan investigando en profundidad este caso que podría llevar a desmantelar una red de corrupción aún más amplia. ¡La historia sigue desarrollándose y cada nueva revelación promete ser más impactante que la anterior!