Pedro Cortez, quien fue el principal responsable de la filial de Telefónica en Venezuela durante la época de los sobornos al Gobierno de Nicolás Maduro, dejó la compañía el pasado verano posterior a una carrera de más de 20 años en la multinacional española. Su último puesto fue el de director de Estrategia para Telefónica Hispam, una entidad que gestiona las operaciones de la empresa en varios países de América Latina, incluyendo México, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay.

La salida de Cortez fue comunicada a través de su perfil de Linkedin, aunque no mencionó las razones detrás de su decisión. Telefónica tampoco hizo declaraciones al respecto ni aclaró si su marcha estaba relacionada con alguna destitución. Es notable que Cortez asumió la dirección de Estrategia en Hispam a finales de 2023, lo que significa que permaneció en ese cargo por menos de un año. Actualmente, esas funciones están bajo la dirección de Sebastián Minoyetti, quien es el director de Finanzas de Telefónica Hispam.

En su mensaje de despedida, Cortez reflexionó sobre su trayectoria en la empresa: “He sido testigo y protagonista de una era de transformación que no solo cambió a una empresa, sino a toda una región. Hoy cierro este capítulo con orgullo y el corazón lleno de gratitud”. Sin embargo, su salida coincide con un oscuro capítulo en la historia de Telefónica Venezolana, que enfrenta graves acusaciones.

La empresa ha acordado pagar una multa de 85,26 millones de dólares (aproximadamente 80 millones de euros) para resolver una investigación sobre una red de sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano, lo que le otorgó acceso preferente a dólares estadounidenses en una subasta de divisas. Esta investigación, que fue anunciada por el Departamento de Justicia de los EE.UU., remonta sus raíces a 2014, cuando el grupo estaba bajo la presidencia de César Alierta, ya fallecido.

Cortez, quien era el presidente ejecutivo y consejero delegado de Telefónica Venezolana entre 2012 y 2018, fue involucrado en el esquema que permitió a la empresa intercambiar bolívares por dólares, a cambio de pagos ilícitos que, aunque estaban disfrazados en transacciones normales, equivalían a alrededor de 28,9 millones de dólares en sobornos. Se alega que parte de estos dineros se usaron para proporcionar 'comisiones' a funcionarios del Gobierno venezolano.

El acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) firmado por la filial venezolana indica que Telefónica participó en una subasta de divisas patrocinada por el Gobierno en 2014 y que, al nemerarse en este mecanismo ilícito, logró recibir más de 110 millones de dólares, constituyendo más del 65% del total adjudicado por el gobierno en aquella subasta. La situación ha creado un ambiente turbulento dentro de la compañía, mientras que la imagen de Telefónica en la región se ve gravemente afectada.

Las autoridades aún investigan las operaciones de Cortez, lo que deja a muchos preguntándose si habrá repercusiones adicionales para la empresa o si se implementarán cambios significativos en su dirección.