La directora y fotógrafa española Silvia Grav, quien hizo pública una denuncia contra el cineasta Eduard Cortés en octubre pasado, reveló este lunes en un impactante video que 53 mujeres han contactado con ella, la mayoría de ellas españolas, pero también de Colombia y México, compartiendo experiencias similares de acoso.

En el video, Grav menciona que 'sabemos que hay muchas más' víctimas y se refiere a las 27 mujeres que ya habían testificado en un artículo del periódico 'El País' el 18 de diciembre, donde aseguraban haber sido acosadas sexualmente por Cortés. Las denuncias indican que el cineasta ofrecía trabajos en sus producciones a cambio de que las mujeres se grabaran desnudas, masturbándose o participando en prácticas sexuales.

A medida que las voces se multiplican, Grav declara con firmeza que 'pasar por este proceso no es fácil'. Habla de 'grietas' en el sistema del cine y argumenta por qué es crucial hacer estas denuncias públicamente, en lugar de hacerlo solamente por la vía policial. Las firmantes de la carta aseguran que su intención no es buscar 'venganza, sino sanar' y evitar que futuras víctimas sufran lo que ellas vivieron.

También subrayan que muchos de estos crímenes prescriben antes de que la víctima haya tenido tiempo de procesar el trauma o haya logrado el apoyo necesario para enfrentarse a un proceso judicial, que puede ser difícil y prolongado. 'Es un desafío emocional y legal muy fuerte', enfatizan.

Las denunciantes destacan que muchas veces estas situaciones ocurren en la intimidad y no siempre dejan pruebas físicas, lo que dificulta la punibilidad del abuso de poder, especialmente si no existe un contrato firmado. Alertan sobre las falencias del sistema legal que dejan a las víctimas en una posición de vulnerabilidad que no debería ser permitida.

Frente a esta situación, las denunciantes piden que los procedimientos en las industrias cinematográficas y académicas vayan más allá de la creación de comisiones y días conmemorativos. 'Las investigaciones deben ser imparciales y no deberían depender del estatus del agresor', sostienen.

También enfatizan que 'denunciar es caro' y que las víctimas enfrentan altos costos emocionales y legales en su lucha por justicia, lo que puede llevar a que se desistan de su proceso. 'La justicia gratuita y los abogados de oficio tienen exigencias difíciles de cumplir', argumentan, abogando por una revisión del Código Penal que necesita ser actualizado para castigar eficazmente los abusos en el ámbito laboral.

Además, consideran urgente reactivar iniciativas paralizadas, como la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya fecha límite venció en octubre de 2023, y cuya falta de atención por parte del Gobierno deja a muchas víctimas sin protección legal.

Por último, resaltan que las denuncias públicas son una herramienta poderosa y, en muchos casos, son la única forma de romper el silencio, evidenciar patrones de abuso y generar el cambio necesario en la industria. La valentía de estas mujeres podría ser el inicio de un movimiento que transforme la cultura en el ámbito cinematográfico y más allá. ¡No te pierdas más actualizaciones sobre este caso sensible que perturba a toda la sociedad!