El Gobierno español ha desatado una controversia al invocar un "estado de emergencia nacional" a raíz de la devastadora DANA que ha afectado la región de Valencia, con el fin de evitar la jubilación del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, cuyo retiro estaba programado para diciembre de este año.

La reciente aprobación de un real decreto de medidas urgentes en el Consejo de Ministros ha sido la herramienta utilizada para implementar esta modificación legal. Así, se asegura que González pueda mantenerse en su cargo hasta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decida lo contrario. Este cargo es de suma confianza para el titular del Ministerio del Interior, lo que añade mayor polémica al asunto.

Las crisis como la generada por la DANA, que ha provocado la movilización de miles de agentes de la Policía y de la Guardia Civil, ponen de manifiesto la importancia de la figura del DAO. Sin embargo, el hecho de que el Gobierno utilice una tragedia para el beneficio político de algunos ha levantado muchas críticas.

El texto legal, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye modificaciones a la Ley Orgánica 9/2015 que facilitan que el DAO permanezca en su puesto a pesar de alcanzar la edad de jubilación. Esto ha generado cuestionamientos sobre el verdadero propósito de declarar una "emergencia nacional", ya que la magnitud de la tragedia requiere una dirección nacional directiva, tal como lo establece la Ley de Protección Civil.

Mientras la cifra de fallecidos asciende a 214 debido a las inundaciones, voces de importancia, incluyendo líderes políticos como Alberto Núñez Feijóo del PP, han presionado al Gobierno para que declare esta emergencia. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez se ha opuesto a esta idea, argumentando que las decisiones deben ser manejadas a nivel regional.

La disposición que permite esta extensión de la permanencia del DAO ha sido vista como un intento del Gobierno de proteger sus intereses políticos en un momento crítico. A partir de ahora, las regulaciones establecen que: "El funcionario podrá permanecer en situación activa mientras ostente su cargo, sucediendo a su jubilación únicamente en el momento de su cese, conforme a la normativa vigente".

Además, hay un trasfondo significativo en la creación de este decreto: desde hace meses, la Dirección General de la Policía había estado elaborando un marco legal similar al existente en la Guardia Civil, con el objetivo de que el DAO pudiera continuar más allá de la jubilación.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha calificado de "indigno" que el Gobierno se aproveche de una situación de crisis para asegurar la continuidad del DAO. En un comunicado, acusaron al Gobierno de concentrarse en mantener en su puesto a González en lugar de abordar las reformas necesarias para garantizar una jubilación digna para todos los policías nacionales.

¡La falta de ética en tiempos críticos pone a prueba la confianza ciudadana! ¿Qué otros secretos esconden las decisiones del Gobierno en este momento de crisis? La comunidad espera respuestas claras y acciones concretas.