Este martes, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha respondido a la información revelada por un periódico local, planteando serias dudas sobre los informes de los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han alertado sobre el "abuso de contratos menores" en supuestos casos de fraude legal que suman 458 millones de euros en 2021.

La Junta sostiene que la cifra mencionada por sus propios auditores, que se refiere a la suma total de contratos menores en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, está exagerada. Los auditores han realizado un análisis de una "muestra representativa" de los gastos y han encontrado un alarmante uso de contratos menores, que llevan a concluir que se instauró un procedimiento de contratación "en fraude de ley".

Los informes explicitan que hubo una "total y absoluta" falta de cumplimiento con el procedimiento legal respecto a la contratación de bienes y servicios, y que se fraccionaron contratos que en realidad deberían manejarse de manera distinta. Además, se alegó que algunos contratos menores tenían un plazo de ejecución superior a un año, lo que va en contra de la normativa.

A pesar de las graves acusaciones de sus auditores, la Junta defiende que el uso de contratos menores es una figura legal válida y asegura que en ningún caso se han detectado desvíos de fondos públicos. Sin embargo, los auditores han expuesto que hay ejemplos recurrentes donde se han violado la Ley de Contratos Públicos.

Los informes, que han sido considerados "desfavorables" por la Junta, amenazan con elevar un "informe de actuación" si en un plazo de seis meses no se implementa ninguna de las recomendaciones pedidas en auditorías previas de provincias como Huelva y Cádiz.

El modus operandi descrito en los informes es alarmante, ya que se destaca que muchas empresas recibieron contratos que eludieron la competencia pública, lo que puede generar dudas sobre la transparencia y la correcta gestión de los fondos públicos.

La oposición de izquierda ha calificado este asunto como "el mayor escándalo de corrupción en Andalucía desde el caso de los ERE fraudulentos", y han amenazado con llevar este caso a la justicia. La tensión política se intensifica, con acusaciones mutuas entre el Gobierno andaluz y el PSOE, que ha sido señalado por la Junta como propagador de desinformación.

A pesar de las críticas, el Gobierno de Moreno plantea que las circunstancias de contratación durante el año 2021, en plena pandemia de COVID-19, justifican algunas de las decisiones tomadas, aunque esto no aborde directamente las acusaciones de fraccionamiento indebido en los contratos menores.

Los auditores han encontrado "incidencias" en el 97,6% de los casos analizados en su muestra, evidenciando serias irregularidades en tantos contratos menores en varias provincias. Sin embargo, las autoridades de la Junta intentan minimizar la importancia de estos hallazgos, afirmando que las conclusiones de las auditorías se basan en una muestra pequeña, no representativa de todo el gasto en contratación menor.

Además, las auditorías de los contratos menores revelaron que se otorgaron casi 296,000 contratos menores en las cuatro provincias analizadas, representando el 27% del total contratar, provocando preocupaciones sobre la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.

El escándalo continúa desarrollándose, y con la presión de la oposición y la necesidad de demostrar la legalidad de todos estos contratos, la Junta debe actuar para abordar las irregularidades antes de que la situación escale aún más.