El Gobierno español, encabezado por el PSOE, ha decidido dar un giro radical en su postura con respecto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por muchos como la 'ley mordaza'. Este cambio se produce tras una complicada serie de negociaciones en las que los partidos Bildu y ERC han jugado un papel crucial, insistiendo en la necesidad de eliminar las pelotas de goma y de restringir la autoridad policial.

Después de meses de bloqueo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cedido a la presión ejercida por estos partidos, quienes no estaban dispuestos a aceptar ningún tipo de reforma que no incluyese estos cambios fundamentales. Esta decisión se ha oficializado en el marco del nuevo Plan de Acción para la Democracia, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, donde se ha incluido la modificación de esta polémica ley.

La reacción de los socios del gobierno ha sido inmediata. La portavoz de Bildu ha manifestado su descontento con la "pequeñísima mención" que hacía la propuesta inicial sobre la reforma de la ley. Aunque reconoció que el plan estaba "bien encaminado", advirtió que no era suficiente para asegurar su apoyo parlamentario en otras medidas que el Gobierno busca implementar en los próximos años.

Este cambio de postura del Gobierno también ha generado un debate más amplio sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles en España. Muchos críticos de la ley original argumentan que es una herramienta de represión que limita la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. Con estas reformas, se espera que el Ejecutivo mejore su imagen ante los ciudadanos y los diferentes grupos sociales que han estado protestando contra estas normativas.

La comunidad afectada y los movimientos por los derechos humanos observan de cerca estos cambios, esperando que realmente se traduzcan en una mejora tangible en la protección de las libertades civiles en el país. ¡Estaremos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos!