La situación en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid es alarmante y ha llevado a la denuncia de un posible ERE encubierto. Laura Martínez, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de la Administración Pública de CGT en Madrid, advierte sobre el inminente despido de cientos de trabajadores antes del 31 de diciembre. Mientras la comunidad asegura que la incorporación de nuevos puestos será gradual en el primer trimestre, muchos centros se quedarán sin personal.

Martínez señala que más del 60% del personal en la Comunidad de Madrid está actualmente en situación de abuso de temporalidad, algo que contradice la directiva europea 1999/70/CE, la cual establece que no se puede estar más de tres años en un puesto temporal sin una consolidación del mismo.

El panorama se complica aún más, ya que los procesos de estabilización de empleo están siendo cuestionados. A pesar de la creación de nuevas plazas, se ha observado que personas sin experiencia están siendo favorecidas en detrimento de aquellos que han trabajado durante años en el mismo puesto. Martínez menciona casos específicos de opositores que no han recibido reconocimiento por sus años de servicio y se han visto superados en las listas por candidatos menos experimentados.

Las protestas no se limitan a los trabajadores. También hay gran preocupación entre los padres y familias de los alumnos que dependen de estos servicios. La incertidumbre sobre quién se encargará del cuidado y apoyo de los niños con necesidades especiales plantea un escenario preocupante. Como declaró Manuel del Valle, técnico especialista III en un colegio de Aluche, el 97% de su categoría ha estado en condiciones temporales durante más de 30 años.

Mientras tanto, desde el sindicato CGT, afirman que cumplir con las normativas de ocupación no es suficiente si las condiciones laborales no mejoran. Del Valle denuncia que, aunque se han aprobado 600 plazas, solo 400 personas han logrado obtener un puesto fijo en un proceso que claramente no representa una verdadera estabilización laboral.

Además de las consecuencias para los trabajadores, las familias están alertando sobre la falta de información y atención hacia los más vulnerables. Padres de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista han exigido que se garantice la continuidad de los profesionales que cuidan de sus hijos, enfatizando la necesidad de una atención constante y de calidad en las escuelas.

Esta crisis, que podría ser considerada un ERE encubierto y ilegal, amenaza con afectar a unas 7,000 personas, incluidos integradores sociales, enfermeras y técnicos. Manuel del Valle expresa su temor de que otros trabajadores sean despedidos sin justificación alguna, creando un vacío en la atención educativa y emocional de los estudiantes. La falta de transparencia en el proceso y la desinformación han dejado a muchos en un estado de ansiedad y estrés que impacta no solo a los empleados, sino también a las familias afectadas.

CGT advierte que este proceso no solo representa un despido de personal, sino también una estrategia para ahorrar dinero al reducir la carga de personal con más experiencia, pues incorporar nuevos trabajadores con salarios más bajos es tentador para el Gobierno. Esta situación ha suscitado un llamado a la acción, y los sindicatos proponen movilizaciones para exigir una revisión de los procesos de estabilización y el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores.