La alarmante crisis de Muface ha llevado a cientos de empleados públicos a manifestarse en las calles, convocados por CSIF, exigiendo al Gobierno garantías sobre la continuidad de su asistencia sanitaria. Además, demandan la reactivación de las negociaciones en la función pública para mejorar sus condiciones laborales y salariales, cuestiones que han sido olvidadas en las últimas décadas.

CSIF ha señalado que es crucial que los presupuestos para 2025 contemplen los recursos necesarios para abordar estas exigencias. La situación ha llegado a tal punto que la asistencia de Muface se encuentra "seriamente comprometida" debido al repentino abandono de aseguradoras, que, alegan, es resultado de una oferta económica insuficiente del Gobierno.

Las movilizaciones no se detendrán aquí. Se han programado más protestas para el 16 de diciembre, y los representantes sindicales no descartan que estas continúen indefinidamente si las autoridades no toman las medidas adecuadas. Benito Román, presidente de CSIF Extremadura, destacó que Muface está "en serio riesgo de desaparecer" y que la oferta económica presentada por el Gobierno hace una semana dejó el convenio desierto para 2025.

Hasta la fecha, más de 45,000 funcionarios y sus familias están en una profunda incertidumbre respecto a su asistencia sanitaria. "Estamos pidiendo sensatez al Gobierno de España para que ofrezca una propuesta económicamente viable que garantice la continuidad del convenio y el servicio a los mutualistas", resaltó Román. Insistiendo en que "con la salud de los trabajadores no se juega", los representantes confían en que pronto reciban una oferta atractiva que permita mejorar y mantener la calidad del servicio prestado.

La situación actual es alarmante. Román enfatizó que, en este momento, hay cobertura únicamente hasta el 31 de diciembre y, a más tardar, hasta el 31 de enero. Por lo tanto, desde CSIF demandan una solución urgente, instando al Gobierno a no poner en riesgo la salud de los empleados públicos. La presión está sobre las autoridades, quienes deben actuar rápidamente para tranquilizar a los más de 45,000 empleados que están en estado de alerta, sin saber qué les depara el futuro.

En este contexto, Román hizo un llamado claro al Gobierno: "Deben buscar soluciones efectivas o manifestar sin paliativos su falta de interés en Muface, pero no podemos consentir que se deje morir por inanición, como sucede actualmente". Sin duda, la salud y el bienestar de miles de trabajadores están en la balanza, y el reloj sigue avanzando.