El 14 de enero, en el IES Simon Veil de Paracuellos del Jarama, se registró una temperatura crítica de tan solo 10 grados. Este evento ha desencadenado una serie de denuncias por parte de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, quien ha solicitado una inspección laboral al Ministerio de Trabajo. Varios centros públicos de la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, han expresado recibir presiones para mantener la calefacción a niveles bajos, un hecho alarmante que podría afectar tanto a alumnos como a personal educativo.

El 7 de enero, la Dirección de Área Territorial (DAT) envió un correo a escuelas e institutos subrayando la importancia de ajustar la calefacción según las necesidades de los edificios. Sin embargo, este mensaje, combinado con presiones verbalizadas, ha generado confusión y preocupación. Según Isabel Galvín, secretaria general de CCOO, es crucial que la atención se centre en el bienestar de las personas en lugar de priorizar las necesidades estructurales de los edificios. La legislación vigente establece que en espacios cerrados de trabajo sedentario, la temperatura debería oscilar entre 17 y 27 grados Celsius, un estándar que no se está cumpliendo.

Galvín ha denunciado que lo que realmente se necesita es una correcta climatización de los centros educativos, un problema que ya lleva años en la agenda. Para abordar esta crisis, la Plataforma autonómica por la climatización y adecuación de los centros educativos públicos, compuesta por organizaciones como UGT y la federación de familias FAPA Giner de los Ríos, ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Asamblea de Madrid. Después de recibir más de 70,000 apoyos, la ILP está actualmente estancada.

Es fundamental recordar que una adecuada climatización no solo se traduce en un ambiente más confortable, sino que también implica un ahorro energético significativo. "La adecuación no solo se refiere al calor; nuestros centros deben estar preparados para enfrentar también las condiciones climáticas más severas", advierten las entidades implicadas.

Desgraciadamente, mientras la matrícula en la educación pública ha crecido un 16% en los últimos años, el presupuesto para inversiones en estas infraestructuras ha sufrido un recorte considerable. Según CC OO, el gobierno de Ayuso ahora destina menos de la mitad de lo que se invertía en 2009, una realidad que pone en jaque la calidad educativa en Madrid. La situación plantea una pregunta inquietante: ¿Los recortes en los presupuestos educativos están poniendo en riesgo el futuro de nuestros jóvenes?