La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dado un giro inesperado este miércoles al confirmar que en la reciente negociación del nuevo Estatuto Marco se está considerando prohibir que los jefes de servicio y los médicos en formación (MIR) trabajen en la medicina privada durante los primeros cinco años tras su finalización del MIR. Esta drástica propuesta también incluye la eliminación de las guardias de 24 horas, limitando las jornadas de trabajo a un máximo de 17 horas en guardias ordinarias, una medida que busca aliviar la carga laboral en el sistema público.

García ha expresado que esta decisión busca evitar conflictos de interés y fomentar un compromiso exclusivo de los altos cargos en la sanidad pública. Según sus palabras, "los puestos directivos tienen que tener una dedicación exclusiva al sistema sanitario". Sin embargo, las reacciones en el sector sanitario no se han hecho esperar.

Los sindicatos médicos han alzado la voz en contra de esta propuesta, argumentando que no se ha discutido durante los dos años de negociaciones y que intenta coartar la libertad profesional de los médicos. Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha calificado la medida de "atentado hacia el colectivo médico". Su argumento principal es que obligar a los médicos a no ejercer en el ámbito privado limitará la capacidad para atraer y retener personal cualificado en la sanidad pública.

La propuesta, que aparecería por primera vez en el borrador del Estatuto Marco, ha sido recibida con un rechazo tajante por parte de CESM, que sostiene que esta restricción podría tener el efecto contrario al pretendido, en lugar de fortalecer al sistema público. Además, señalan que la ministra debería aplicar sanciones a quienes incurran en prácticas antiéticas en lugar de imponer prohibiciones generales.

Desde Madrid, Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, ha destacado que la situación es compleja y varía entre comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, no existe la exclusividad que sí se aplica en regiones como Navarra, lo que genera disparidades en la forma en que se gestionan las carreras de los médicos.

A este panorama se suma una realidad inquietante: el incremento retributivo por asumir jefaturas en hospitales apenas alcanza los 300 euros brutos al mes, una suma que muchos consideran insuficiente dado el nivel de responsabilidad que conllevan estos puestos. AMYTS ha subrayado que la falta de reconocimiento puede desincentivar a los médicos a aceptar estas posiciones, complicando aún más la situación en la gestión sanitaria.

Es fundamental que se analicen las repercusiones de esta propuesta no solo en el ámbito administrativo, sino también en la calidad de atención que reciben los pacientes. Se teme que las restricciones puedan llevar a una mayor escasez de profesionales en el público, en un momento en que la atención pública ya enfrenta grandes desafíos. La preocupación crece, ya que este tipo de decisiones pueden impactar de manera directa en la salud de la población.