Manuel Guerra, quien fue fiscal regional metropolitano de la zona Oriente, ha estado en el ojo del huracán desde que su nombre salió a la luz en uno de los mayores escándalos de corrupción de la última década. Con un maletín negro bajo el brazo y acompañado de su abogado Carlos Mora Jano, Guerra se presentó a una entrevista clave donde se habló de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, quien también se ha visto involucrado en este polémico caso.

La conexión de Guerra con Hermosilla se intensificó cuando, hace siete meses, el 27 de agosto de 2024, el abogado fue detenido. Desde entonces, Guerra se ha convertido en objeto de una investigación por delitos graves, incluyendo soborno, cohecho y revelación de secreto.

Un reciente reportaje de Ciper sacó a la luz detalles preocupantes sobre su relación con Hermosilla, incluyendo un chat del año 2016 donde Guerra menciona la urgencia de contactar a un político clave, Andrés Chadwick, en medio de una investigación por financiamiento irregular de la política. Este contexto ha generado cuestionamientos sobre la ética de su comportamiento como fiscal, dado que Hermosilla era un abogado defensor involucrado en causas que tocaban temas delicados del gobierno.

Desde que se destaparon estos chats, el fiscal nacional Ángel Valencia inició una investigación en respuesta a la gravedad de las revelaciones. En sus declaraciones, Guerra ha defendido que nunca reveló secretos de Fiscalía, insistiendo en que sus conversaciones eran privadas y sin implicaciones delictivas. "No hubo imprudencia de mi parte", afirmó.

Cuando se discutió la naturaleza de su relación con Hermosilla, Guerra describió su vínculo como de amistad profunda que se desarrolló con el tiempo, negando cualquier favoritismo o conflicto de interés. Sin embargo, su defensa se complica al recordar que Hermosilla asesoró en diversas causas relacionadas con el estallido social, lo que añade una capa adicional de controversia a su relato.

Guerra aseveró que sus intercambios con Hermosilla nunca comprometieron la investigación judicial ni se tradujeron en apoyo a ninguna de las partes involucradas, como ministros o figuras públicas. Aseguró que las informaciones compartidas eran de carácter general y no específicas sobre las causas asignadas a otros fiscales, aunque sus críticos argumentan que el simple hecho de comunicar cualquier información de su trabajo podría interpretarse como una violación a la reserva que deberían mantener.

Las implicaciones legales de esta situación son extremadamente serias, y la defensa de Guerra se enfrenta a un desafío considerable. Por si fuera poco, su figura se ha convertido en un tema de discusión nacional, donde figuras políticas han manifestado abiertamente su decepción e incredulidad por la vinculación de un exfiscal en un escándalo de tal magnitud.

El exfiscal ha insistido en que su relación con las autoridades y el mundo político no era más que un intento de colaborar y hacer avanzar las causas con eficiencia, pero sus adversarios no se han mostrado convencidos de la pureza de sus intenciones. Los próximos meses serán críticos para Guerra, quien se encuentra en una encrucijada que podría cambiar su vida y carrera profesional de formas dramáticas. ¿Logrará salir airoso de estas acusaciones o se derrumbará la reputación que trabajó por años para construir?