Un asunto de gran preocupación atraviesa Arica, donde un cargamento compuesto por 576 toneladas de precursores químicos sigue varado en el puerto local desde hace casi dos años. Estos materiales, en su mayoría acetato de etilo, fueron decomisados en noviembre de 2022 a una red de narcotráfico que operaba en la región. El destino de estos químicos es incierto y su permanencia en el puerto representa un peligro inminente no solo para el medio ambiente, sino también para la seguridad pública.

La cantidad exacta de la carga incluye 576 toneladas de acetato de etilo, 64 toneladas de cloruro de calcio, 26 toneladas de hidróxido de sodio y 24 toneladas de metabisulfito de sodio. Mientras que parte de estos productos ya fue rematada, el acetato de etilo sigue aún sin solución. La directora de Química y Farmacia de la Universidad Arturo Prat, Margarita Briceño, ha descrito el material como "altamente tóxico" y ha insistido en la necesidad de su destrucción inmediata debido a que, si se produjeran fugas, podría generar un incidente ambiental catastrófico.

Desde la incautación, los organismos responsables, incluidos la Empresa Portuaria Arica (EPA) y la Delegación Presidencial Regional, han sido criticados por su incapacidad para gestionar eficazmente la eliminación de estos materiales. A pesar de que se ha solicitado la intervención judicial para su destrucción, el proceso se ha visto retrasado, lo que ha generado un clima de frustración entre la comunidad y las autoridades locales.

Este caso es más que una simple burocracia fallida; exhibe la ineptitud del sistema frente a urgencias ambientales y de seguridad. La situación se complica, pues el puerto de Arica está en competencia con el emergente megapuerto de Chancay en Perú, que pronto se inaugurará y podría atraer más tráfico marítimo, lo que podría hacer que la situación de los químicos en Arica se convierta en un riesgo aún mayor. Arica necesita actuar ya, antes de que esta inacción se traduzca en una crisis química que podría haber sido evitada.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció la gravedad de la situación durante una reciente visita a Arica, donde admitió que los productos decomisados aún no han sido destruidos, a pesar de que hay usos legítimos para estos químicos en industrias legales. A medida que la presión aumenta, la pregunta no es solo cuánto tiempo más se permitirá que esta carga peligrosa permanezca en el puerto, sino quién asumirá la responsabilidad en caso de un desastre.