La Corte Suprema de Chile ha tomado una decisión impactante al ratificar la expulsión del expastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Andrés Plagges, quien había sido destituido por denunciar casos de abuso sexual y los exorbitantes diezmos que se recaudan en la congregación.

Con la frase “es de la esencia de la religiosidad cristiana la disposición a ejercer el ministerio de fe como la autoridad eclesiástica lo decida”, el tribunal falló a favor de la iglesia y contra Plagges, quien había sido víctima de amenazas y hostigamientos tras hacer sus denuncias. Según un informe exclusivo de BBCL Investiga, esta decisión representa un preocupante retroceso en temas de derechos humanos y libertad religiosa en el país.

Andrés Plagges fue expulsado de su sede en Michaihue, San Pedro de la Paz, el 11 de febrero de 2024, sin que se le ofrecieran motivos claros. La decisión fue unánime entre el cuerpo presbiteral, que aseguró que Plagges no tenía condiciones morales acorde a lo que Dios demanda. Sin embargo, esto se produjo tras la revelación de abusos de otros pastores y el manejo opaco del dinero en la iglesia.

Después de una batalla legal, la Corte de Apelaciones le dio la razón a Plagges, argumentando que su expulsión fue arbitraria e ilegal, pero la iglesia, mostrando su implacable determinación, llevó el caso hasta la Corte Suprema para reversar esa decisión. La Corte Suprema, en un fallo que ahora parece desestimar los derechos individuales, reafirmó el derecho de la iglesia a actuar como desee, argumentando que su autonomía es fundamental.

Este caso no solo ha impactado a Plagges, sino que ha generado un efecto dominó en la comunidad religiosa, donde feligreses han salido en su defensa exigiendo ser escuchados por la jerarquía eclesiástica, e incluso cambiando el nombre de su templo a “Iglesia de Michaihue”. Además, se han presentado protestas pasivas exigiendo justicia y el regreso de su pastor.

A su vez, el ámbito religioso chileno no es ajeno a la polémica. En enero de 2023, otro pastor, Daniel Tapia, también fue expulsado tras denunciar casos de abuso sexual, esta vez implicando al máximo líder de la Iglesia, Aldo Córdoba. Tapia acusó que, cuando tenía 17 años, Córdoba abusó de ella, y la denuncia nunca fue investigada. Ambos casos revelan una preocupante tendencia de abuso de poder dentro de la institución.

La controversia ha estallado en las redes sociales, donde diversos usuarios y activistas han comenzado a cuestionar la opacidad en el manejo de las iglesias y el uso de la religión para justificar acciones que pueden ser consideradas abusivas y antidemocráticas.

Este es un momento crucial para discutir los límites de la libertad religiosa versus la protección de derechos individuales, y el impacto que tiene en la comunidad cuando se vulneran las acusaciones de abuso. La pregunta que queda es: ¿serán escuchadas las voces de aquellos que claman justicia dentro de estas instituciones sagradas? ¡La situación está en ebullición y promete seguir generando controversia!