El Sétimo Juzgado de Garantía de Santiago ha formalizado este martes la investigación contra Camila Ponce Rojas, de 34 años, quien está siendo acusada de realizar amenazas en 2021 contra dos periodistas de Bío Bío, Daniela Forero-Ortiz y Tamara Rojas.

Esta audiencia se originó tras una querella presentada por las comunicadoras, cuyo caso está bajo la investigación de Liliana Machuca, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Las amenazas surgieron en un contexto muy serio, directamente relacionado con un artículo que las víctimas publicaron el 19 de julio de 2021, titulado “Corte de Apelaciones decidirá libertad de imputado por lanzar molotov a Carabineros en Santiago”.

El contenido de la nota provocó una ola de agresiones en redes sociales, incluyendo la difusión de fotos de las periodistas acompañadas de comentarios amenazantes. La situación escaló cuando, a través de Internet y con carteles en las afueras de los Tribunales, se rastreó públicamente a las comunicadoras.

Alejandro Espinoza, abogado de las víctimas, enfatizó la importancia de que el Ministerio Público formalizara el procedimiento judicial, al señalar que “esta acción representa una defensa contundente de la libertad de prensa, un derecho fundamental en toda democracia”. La protección de los periodistas es más vital que nunca, especialmente en un contexto donde la desinformación y la violencia contra la prensa están en aumento.

Sin opciones de salida

Los hechos que llevaron a la formalización ocurrieron en el contexto de informes sobre los “presos del estallido social”, donde se expuso tanto su rostro como sus nombres completos. Las amenazas se realizaron vía Instagram, específicamente en los comentarios de un post donde Ponce Rojas expuso su intención de agredir a las periodistas si las llegaba a ver.

Desde la cuenta @choice.la.caos, la imputada lanzó comentarios amenazantes tales como “no olvidar las caras pa saltar con la volaora”, además de risas burlonas indicando que “donde las veamos...”. Este tipo de mensajes alarmantes refleja el ambiente de hostilidad que enfrentan muchos periodistas, especialmente aquellos que cubren temas sensibles.

La imputada, originaria de Puente Alto, ha rechazado aceptar alguna salida alternativa y se ha negado a ofrecer disculpas públicas, lo que ha llevado a que el proceso judicial continúe. Se fijaron 60 días para completar la investigación, en un caso que podría sentar un precedente en la protección de la libertad de prensa en Chile. ¡No te pierdas las actualizaciones sobre este caso que está capturando la atención del país!