Juan Carlos Manríquez, abogado de la diputada Karol Cariola ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó el día de ayer que el allanamiento realizado el pasado lunes en la casa de la congresista presenta graves errores de fondo.

"Cuando analizamos el informe policial nos dimos cuenta de que por error, negligencia o incluso malicia, el documento no solo es incompleto y mal redactado, sino que también oculta información crucial", afirmó en el programa Al Pan Pan.

En una entrevista con el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, Francisco Bravo, se aclaró que, a pesar del trato que recibió el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) durante el allanamiento, esto no debe ser interpretado como una amenaza. Bravo enfatizó: "La policía actúa conforme a una orden judicial. Su deber es cumplir con el mandato del tribunal, pero siempre con respeto a la dignidad y los derechos de las personas involucradas".

Sin embargo, advirtió que si la resolución dictada por la jueza Carla Capello se basó en información alterada, esto sería un asunto serio a investigar. Además, indicó que resolver este asunto corresponde al tribunal y no a la fiscalía, y el abogado de Cariola ha interpuesto un incidente para anular tanto la resolución como las acciones derivadas de esta.

"Es fundamental que la defensa pueda plantear sus argumentos y cuestionar las decisiones de los tribunales". Así destacó Bravo, quien aseguró que podrían encontrarse errores en el informe policial que no afecten la decisión final del juez. Si se tratara de una omisión grave o de un encubrimiento intencionado, esto podría acarrear consecuencias más serias, incluso la posible comisión de un delito.

Respecto a la crítica del momento del allanamiento, que coincidió con el momento en que la diputada estaba dando a luz, Bravo negó que se hubiera cometido un error. "La policía sigue un procedimiento judicial. La fiscalía actúa en el momento que considera oportuno para no comprometer la investigación, porque si se retrasa, podría haber un riesgo de obstrucción", explicó.

En este caso, la respuesta a la polémica del allanamiento debe abordar no solo los posibles errores en la documentación, sino también el importante contexto en el que se realizó, así como el impacto que estas acciones podrían tener en la percepción pública de la justicia y los derechos humanos en Chile. El caso continúa en desarrollo y habrá que esperar cómo se comporta el sistema judicial ante estas acusaciones gravísimas.