La Gendarmería de Chile ha confirmado este viernes que ha interpuesto una querella criminal a raíz de la filtración de un informe reservado elaborado por la Contraloría, que revela serias deficiencias en el sistema de inhibidores de señal en diversas cárceles, incluyendo la ex Penitenciaría, el Penal de Alta Seguridad y Santiago 1. Según este informe, los reos tienen acceso a teléfonos celulares e internet, lo que plantea un grave desafío a la seguridad penitenciaria.

El director nacional de Gendarmería, Sebastiá Urra, explicó que la querella fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de quienes resulten responsables por esta filtración, un acto considerado como una traición a la seguridad del país. El informe, conocido como Informe Reservado 642, destaca que, a pesar de estar en la conocida 'lista negra' del sistema, los internos logran operar celulares y conectarse a internet utilizando Wi-Fi o tarjetas SIM no bloqueadas.

"En esta fiscalización se identificaron preocupantes situaciones, como equipos móviles en lista negra que tienen acceso a internet, y dispositivos bloqueados en períodos intermedios sin restricciones de conectividad", detalla el polémico documento.

Cabe señalar que el sistema de bloqueo de señal, denominado 'Guardian', ha tenido un costo exorbitante para el Gobierno, alcanzando los $5.654.880.000 pesos, correspondiente a 36 meses de servicio. A pesar de esta inversión, el informe revela que la eficiencia del sistema está en entredicho.

La querella señala que la filtración del informe, realizado en el marco de una investigación especial, podría tener repercusiones graves para la seguridad pública. Poco después de su emisión, medios de comunicación nacionales obtuvieron el informe sin ninguna restricción, lo que expone una grave falta de protección de información sensible.

Los delitos implicados en esta acción legal incluyen la violación de secreto, infidelidad en la custodia de documentos y delitos informáticos, lo que agrava aún más la situación.

Ante el escándalo, el director Urra afirmó que las observaciones de la Contraloría han sido implementadas en el nuevo proceso de licitación para otros nueve establecimientos penitenciarios donde se espera implementar un sistema más eficiente.

Urra también resaltó que, a un año de la implementación de estas medidas, se han bloqueado un total de 51.049 chips y 37.329 dispositivos de comunicación, mayormente confiscados en las cárceles, aunque persisten serias preocupaciones sobre la eficacia del sistema.

Esto plantea interrogantes sobre la gestión y control en los establecimientos penales, lo que ha llevado a la opinión pública a cuestionarse quiénes son los verdaderos responsables de esta crisis de seguridad. ¡La polémica está servida y se esperan más repercusiones en los próximos días!