La Superintendencia de Seguridad Social (Suceso) ha suscitado controversia al negarse repetidamente a transparentar información relacionada con un sorprendente caso de fraude médico en el país, donde médicos colombianos están presuntamente implicados en la emisión de licencias médicas falsas que habrían causado pérdidas superiores a $26 mil millones de pesos.

Este esquema delictivo, orquestado por Samir Rivaldo Hernández y su pareja Yesica Donado Alvis desde 2020, ha impactado gravemente en la confianza hacia el sistema de salud en Chile. La investigación, que ha revelado un intrincado entramado que funcionaba a través de supuestos “centros médicos” sin presencia física, llevó a la formalización de estos acusados a finales de 2022. El Ministerio Público logró la condena de 12 de los profesionales involucrados, aunque muchos cumplirán sus condenas en libertad vigilada, y tres ya fueron expulsados del país.

Sin embargo, a pesar de las interpelaciones mediáticas y las reiteradas solicitudes de información por parte de BBCL Investiga, la Suceso, liderada por Patricia Soto Altamirano, se ha escudado en la falta de datos en sus registros. Según la respuesta, no disponen de un filtro que permita acceder a los nombres de los médicos responsables de las licencias emitidas, lo que genera más dudas sobre la gestión del sistema de seguridad social.

Es alarmante que, a pesar de las irregularidades ya evidentes, no se haya implementado un seguimiento más riguroso de las licencias médicas emitidas que podrían seguir beneficiando a estos facultativos acusados. Esta situación es aún más preocupante pues, incluso tras el inicio de la investigación, el sistema continuó otorgando licencias a médicos que estaban bajo el foco de la fiscalización.

El informe revela que un número alarmante de funcionarios públicos, incluidas entidades cruciales como el Ministerio de Educación y de Salud, han estado utilizando estas licencias, dejando en el aire la duda sobre si estaban o no relacionadas con la actividad ilegal. La presencia en la lista de estos trabajadores refuerza la necesidad urgente de una revisión exhaustiva del sistema para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

A pesar de las críticas y el creciente clamor por mayor transparencia, la Suceso destaca, irónicamente, su proceso de modernización digital iniciado en 2019, que les valió reconocimiento internacional. Sin embargo, muchos cuestionan la sinceridad de estas afirmaciones si su capacidad para proporcionar información crítica sigue limitada.

Dado el impacto de este caso en la credibilidad del sistema de salud y en la administración pública, se espera que las autoridades tomen acción más contundente, con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ya anunciando investigación y posibles sumarios para los involucrados. ¡Estaremos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en este turbio episodio de la salud pública chilena!