La Comisión Europea ha decidido tomar medidas drásticas contra 15 de los principales fabricantes de automóviles, imponiéndoles una multa de 458 millones de euros (aproximadamente 495 millones de dólares) debido a su participación en un esquema de colusión relacionado con el reciclaje de vehículos en desuso. Teresa Ribera, la comisionada de antimonopolio de la UE, afirmó: "Estos fabricantes se coordinaron durante más de 15 años para evadir el pago de servicios de reciclaje".

Las empresas involucradas incluyen a gigantes como Stellantis, Mitsubishi, Ford, BMW, Hyundai/Kia, Jaguar Land Rover/Tata, Mazda, Renault/Nissan, Opel, General Motors, Suzuki, Toyota, Volkswagen y Volvo. Todos admitieron su implicación en el cártel, lo que les permitió beneficiarse de reducciones en sus sanciones. Curiosamente, Mercedes Benz, aunque participó, quedó exenta de penalización tras ser la primera en informar a la Comisión sobre la existencia de este cártel.

Este escándalo se centra en la gestión de Vehículos al Final de su Vida Útil, que son aquellos que ya no pueden ser utilizados y necesitan ser desmontados y reciclados. La Comisión descubrió que la Asociación Europea de Constructores de Vehículos (ACEA) desempeñó un papel clave en esta conspiración, organizando múltiples reuniones entre los fabricantes implicados.

¡Quince Años de Engaño a Empresas y Consumidores!

La investigación reveló la existencia de un incumplimiento "único y continuado" de las normas de competencia europeas que se extendió desde mayo de 2002 hasta septiembre de 2017. Durante este periodo, las empresas involucradas acordaron clasificar el reciclaje de vehículos como un negocio "suficientemente rentable", permitiéndoles no pagar a las empresas de desguace por sus servicios.

Además, estas compañías compartieron en secreto detalles sobre los contratos con los desguaces y coordinaron su comportamiento frente a estas empresas. El cártel también acordó no revelar la cantidad de vehículos que podrían reciclarse o reutilizarse, ni la cantidad de componentes reciclados utilizados en nuevas unidades, lo que podría influir en la decisión de compra de los consumidores. Este modus operandi pone en evidencia una falta de ética en la industria automotriz que ya tiene repercusiones negativas en la reputación de los involucrados y en la confianza del consumidor.

Este caso no solo destaca la gravedad de la infracción, sino que plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en el sector automotriz. La Comisión Europea ha dejado en claro que seguirá vigilando de cerca estas prácticas para evitar que se repitan en el futuro y garantizar un mercado más justo y sostenible.