Las autoridades han alzado la voz en rechazo a la mediación del alcalde de Curacaví, Christian Hernández, para facilitar la entrega de uno de los sospechosos implicados en el asesinato del empresario Michael Peñaloza.

Peñaloza fue trágicamente asesinado en la madrugada del 19 de agosto, mientras intentaba proteger su vehículo de un robo. La Policía de Investigaciones (PDI) reveló que los acusados, de 28, 22 y 18 años, son parte de una banda criminal ligada a robos en lugares habitados en la comuna de María Pinto. De los tres, dos fueron arrestados por la policía y el tercero se entregó tras el contacto del alcalde.

El propio alcalde relató que la madre del sospechoso lo contactó, y tras sentir la presión de la comunidad, fue el mismo joven quien decidió confesar su implicación y buscar ayuda para entregarse. Christian Hernández se ofreció a llevar al acusado a la comisaría, lo que ha generado una gran controversia entre las instituciones.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, subrayó que el papel de los municipios es preventivo y no de investigación o actuación policial. "Las instituciones del sistema de justicia penal tienen competencias específicas que deben ser respetadas", afirmó.

Por su parte, el fiscal regional metropolitano, Marcos Pastén, insistió en que la investigación es responsabilidad del Ministerio Público y que cualquier acción externa puede complicar los procesos judiciales. Destacó que las evidencias recabadas durante la investigación son cruciales para la justicia y cualquier irregularidad podría afectar el resultado de los casos.

La polémica mediación planteó serias dudas sobre la colaboración entre las autoridades municipales y las fuerzas del orden. Las autoridades se encuentran preocupadas por el impacto potencial que este tipo de intervención puede tener en la investigación actual, que aún busca identificar a otros miembros de la banda criminal.

El futuro de la investigación sigue en desarrollo, con acciones intrusivas ya en marcha desde el pasado viernes.

Este caso pone de relieve la necesidad de establecer límites claros entre los roles de los funcionarios públicos y las fuerzas del orden para garantizar que la justicia funcione adecuadamente.