¡Gran conmoción en Arica! La muerte del conscripto Franco Vargas ha destapado un escándalo al interior del Ejército chileno, llevando a un sumario que podría cambiar la vida de varios uniformados. Este pasado lunes, se propuso el retiro absoluto de tres oficiales y dos cabos por graves faltas ocurridas antes y durante la marcha del 27 de abril, que culminó trágicamente con el fallecimiento de Vargas a más de 4.200 metros de altura.

La investigación, encabezada por el coronel y fiscal ad-hoc del Ejército, Enrique Del Fierro Lucar, ha revelado anomalías preocupantes en el manejo de la emergencia que rodeó la tragedia. Se han documentado procedimientos incorrectos, así como tratos violentos y una alarmante indiferencia hacia el estado de salud de Vargas.

Las sanciones son contundentes: entre quienes podrían ser dados de baja se encuentran el teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet, el capitán Michael Fritz Gervasoni, y el teniente Bjorn Wohllk Araya, entre otros. Según la investigación, Guajardo no controló ni el trabajo del personal médico ni las evacuaciones adecuadas, lo que afectó directamente la atención que necesitaba el conscripto Vargas. Por su parte, Fritz no tomó medidas para asistir a Vargas, a pesar de que este presentaba problemas evidentes para marchar.

Uno de los detalles más impactantes de este caso es la supuesta agresividad empleada durante la instrucción militar, que llevó a muchos reclutas a solicitar la terminación anticipada de su servicio. Las duras prácticas impuestas por Wohllk, según testimonios, provocaron daño físico y emocional a los soldados, lo cual no puede ser pasado por alto.

Adicionalmente, se han llevado a cabo movilizaciones y protestas por parte de la comunidad y las familias de otros reclutas, quienes reclaman por el trato que reciben sus hijos en la institución. Otros conscriptos han expresado temor a represalias por hablar de estas situaciones, lo que pone en tela de juicio la cultura de silencio que parece regir al interior de las fuerzas armadas.

Mientras tanto, el Ejército ha mantenido un silencio preocupante sobre este asunto, pero la presión social y el clamor popular han llevado a que se ordenen informes y se hagan declaraciones sobre las medidas que se implementarán para mejorar la seguridad y el bienestar de los reclutas. Se espera que el próximo 27 de noviembre, con la reconstitución de la marcha que costó la vida de Vargas, se den más respuestas a las dudas que penden sobre este trágico suceso.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, la sombra de la corrupción, la negligencia y el abuso en las filas del Ejército comienza a salir a la luz. ¿Hasta dónde llegarán estas revelaciones? La comunidad espera no solo justicia por Vargas, sino también un cambio en la manera en que se entrena y cuida a los soldados. La lucha por la verdad apenas comienza.