El océano, que cubre el 70% de nuestro planeta y donde surgió la vida, enfrenta una crisis severa marcada por la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los efectos devastadores del cambio climático. A pesar de la urgencia de la situación, menos del 8,4% de estas aguas están oficialmente protegidas, y apenas un 2,8% cuenta con protección efectiva, lejos de la meta del 30% para 2030. En la Cumbre de la Biodiversidad (COP16) que se realiza en Colombia, los líderes no han logrado alcanzar compromisos significativos. Asimismo, las negociaciones para el Tratado de Alta Mar avanzan lentamente, a pesar de la necesidad crítica de proteger las aguas internacionales.

Recientemente, la High Sea Alliance, que reúne a 60 organizaciones no gubernamentales, ha instado a los gobiernos a ratificar el tratado como un primer paso crucial, seguido de propuestas para designar más Áreas Marinas Protegidas (AMP) en alta mar. Aunque más de 100 países han firmado el tratado, solo 14 han completado el proceso de ratificación, lo que significaría una implementación real en sus legislaciones nacionales.

La pesca destructiva, especialmente la pesca de arrastre, sigue permitida en muchas zonas protegidas, amenazando así hábitats vulnerables. En España, las organizaciones Oceana y ClientEarth han presentado una demanda contra el gobierno por permitir esta práctica en áreas marinas protegidas, donde el 20,9% de la superficie marina tiene algún tipo de protección, aunque menos del 1% cuenta con la máxima protección.

La situación no es única de España. A nivel global, la protección de los océanos es insuficiente. En el Pacífico, a pesar de que existen zonas como el Triángulo de Coral, la extracción de petróleo y gas sigue siendo un problema. Desde 2020, se han reportado 793 derrames, la mayoría de ellos relacionados con buques petroleros. Las 80 áreas protegidas en el Triángulo de Coral están siendo amenazadas por estas actividades extractivas, lo que pone en evidencia que la protección oficial no garantiza realmente la conservación de la biodiversidad.

Jacquelina Montecinos, de WWF Chile, señala que el declive en las poblaciones de vertebrados es alarmante, llegando al 95% en América Latina y el Caribe. La lentitud de las negociaciones es preocupante, especialmente dado el papel crucial del océano en el cambio climático. Las ballenas, por ejemplo, no solo son esenciales para el ecosistema marino, sino que también contribuyen a la captura de CO2 gracias a su dieta de krill.

Aunque Chile ha logrado proteger el 42% de sus aguas marinas, Montecinos advierte que la mayoría de los países aún carecen de recursos para implementar áreas protegidas adecuadas. Hay una esperanza en la aprobación de “corredores azules” en el Pacífico Oriental, que buscan proteger las rutas migratorias de especies marinas. Rebeca Hubbard, directora de la High Seas Alliance, enfatiza la necesidad urgente de priorizar la ratificación del Tratado de Alta Mar para alcanzar el objetivo del 30% de océano protegido, aunque también señala que no basta con la ratificación; es crucial que las áreas protegidas detengan actividades destructivas.

La financiación para la conservación también es un gran desafío. Se necesitan entre 700.000 millones de dólares para conservar la biodiversidad, y actualmente, esta cantidad sigue lejos de ser alcanzada. El océano nos proporciona la mitad del oxígeno que respiramos, absorbe una cuarta parte de las emisiones de CO2 y es fuente de alimento para miles de millones. Por lo tanto, su preservación debe ser una prioridad global.

A pesar de este panorama desalentador, hay destellos de esperanza. Las Azores han establecido la red de áreas marinas protegidas más grande del Atlántico Norte, cumpliendo así con su compromiso del 30%, y en Costa Rica, tras más de 16 años de esfuerzo, se protegerán 200 kilómetros cuadrados de jardines submarinos, hogar de 14 especies en peligro de extinción. Estos son pequeños pero significativos pasos hacia un futuro donde la protección del océano pueda ser una realidad.