Este miércoles, el Consejo de Europa ha dado un giro impresionante al reconocer a Julian Assange como preso político en una resolución aprobada con una clara mayoría en la Asamblea Parlamentaria en Estrasburgo. En esta decisión, el organismo internacional también insta a Estados Unidos a reformar la controvertida ley de espionaje que llevó a juicio al fundador de WikiLeaks.

Julian Assange, un australiano de 53 años, recuperó su libertad en junio pasado tras un largo proceso judicial que lo mantuvo en prisión durante más de una década. El acuerdo alcanzado con Washington resultó en una sentencia de cinco años, la cual la justicia estadounidense consideró cumplida después de su estancia en una prisión británica de máxima seguridad desde su arresto en 2019, cuando fue sacado de la embajada de Ecuador en Londres, donde buscó refugio durante siete años.

En su primera aparición pública en Estrasburgo, Assange subrayó que su condena se basó en su actividad como periodista, lo que, según el Consejo de Europa, ha tenido un efecto extremadamente negativo en los derechos humanos y la libertad de prensa, más allá de su propio caso.

"La Asamblea ha identificado que los cargos excesivamente graves que Estados Unidos ha presentado contra Assange bajo la ley de espionaje, que lo incurren en el riesgo de una condena de facto a cadena perpetua, cumplen con los criterios que justifican su designación como preso político", se lee en la resolución que fue aprobada con 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones. Este Consejo, compuesto por 46 Estados, incluida toda la Unión Europea, se dedica a la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Assange, quien siguió el debate desde la tribuna de invitados, celebró la aprobación levantando su puño en señal de triunfo, acompañado de su esposa, Stella Assange, y sus abogados. A pesar de evitar el contacto con la prensa, posteriormente tuvo una reunión a puerta cerrada con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien le concedió asilo político en 2012 en su embajada de Londres, tras los intentos de extradición por acusaciones de violación que Assange siempre ha negado. Este asilamiento se dio en un contexto de gran tensión política debido a sus revelaciones sobre crímenes de guerra en Irak y Afganistán, que han puesto a WikiLeaks en el centro del debate sobre la transparencia gubernamental.

El reconocimiento como preso político por parte del Consejo de Europa es considerado por Correa como "un gran paso, pero solo el comienzo para ajustar cuentas con la historia". Los efectos disuasorios de la persecución judicial de Assange, según él, han tenido éxito en silenciar a otros potenciales denunciantes de crímenes graves, reflejando un grave debilitamiento de la libertad de expresión.

La resolución del Consejo también critica el "uso incorrecto" de la ley de espionaje contra Assange, argumentando que ha llevado a un clima de miedo entre editores, periodistas e informantes, afectando severamente la capacidad de informar sobre abusos gubernamentales. Como resultado, se hace un llamado urgente a Estados Unidos para que reforme su legislación en este ámbito, a fin de proteger a aquellos que denuncia crímenes como asesinatos, torturas, corrupción o vigilancia ilegal.

Con esta declaración, el caso de Assange apunta a convertirse en un símbolo clave en la lucha por la libertad de prensa y derechos humanos en una era en la que el acceso a la información es más crucial que nunca.