Todo hacía presagiar que un acuerdo sobre la redistribución de los menores migrantes en Canarias estaba al alcance de la mano. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado el sábado, cuando el Partido Popular (PP) decidió interrumpir las conversaciones con el Gobierno y Coalición Canaria, a lo que atribuyeron la "suspensión" de las negociaciones a una supuesta renuncia de España a pedir ayuda a la Unión Europea (UE) para la atención de estos menores.

El portavoz del PP, Miguel Tellado, utilizó sus redes sociales para anunciar esta interrupción, argumentando que se basaba en una interpretación de una carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No obstante, sorpresa entre la propia dirección del PP, que tras la decisión reconoció que muchos líderes del partido no estaban al tanto de este cambio.

En medio de este conflicto, se percibe una intensa presión desde Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ha condicionado el apoyo a los presupuestos autonómicos a frenar el reparto de menores migrantes en el territorio nacional. Tellado, al ser cuestionado sobre esta presión, reafirmó que el PP no se dejará coaccionar y defendió que "las amenazas no funcionan con nosotros", dejando claro que el partido tiene una postura que defenderá sin importar las presiones de otros.

Mientras tanto, la dirección de Vox se reunió para coordinar su acción ante las negociaciones presupuestarias, enfatizando su compromiso en la lucha contra la inmigración ilegal y mostrando su descontento por la postura del PP. Con cada momento que pasa, la tensión entre ambos partidos de la derecha parece aumentar, sugiriendo un posible choque en el futuro cercano.

La ruptura del PP no sólo ha desatado tensiones internas, sino que la propuesta del Gobierno para reubicar a los menores migra a la mesa de acusaciones. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP critican fuertemente la última propuesta del Gobierno, que les exige crear 4,000 nuevas plazas para beneficiarse de la financiación estatal para acoger a estos menores. Este hecho ha generado un marco de indignación y rechazo entre las autonomías de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, que se han declarado desbordadas por la situación actual.

A medida que se multiplican las voces en contra de la gestión del Gobierno en esta crisis migratoria, la percepción de que la Unión Europea está lista para ayudar contrasta con la postura del Gobierno español, que es acusado de no aprovechar esa ayuda. Las regiones gobernadas por el PP exigen una comunicación más clara y directa del Ejecutivo central, asegurando que no han recibido novedades desde la última conferencia sectorial en julio.

Este conflicto no solo tiene ramificaciones políticas, sino que también pone de relevancia la necesidad de encontrar soluciones efectivas y humanitarias para la situación de miles de menores migrantes que esperan un futuro mejor. Con la presión creciente y un acuerdo aún distante, el futuro de estas negociaciones continúa en un limbo, mientras los partidos intentan marcar su territorio y defender sus posiciones en este complicado entramado político.